Caso Hércules C-130: formalizan a cuatro oficiales de la FACh por cuasidelito de homicidio
Asimismo, se decretó medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional, además se fijó un plazo de ocho meses para la investigación.
Este martes, el Ministerio Público formalizó a cuatro oficiales de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) como autores de cuasidelito de homicidio, por la caída del avión Hércules C-130 en diciembre de 2019 y que dejó 38 fallecidos.
Se trata del general en retiro Eduardo Mosqueira y los oficiales Julio Ojeda, Marcelo Mella y Allan Asenjo.
De acuerdo con la Fiscalía, el 9 de diciembre de 2019 la aeronave estaba en Punta Arenas, en donde los oficiales Ojeda, Mella y Asenjo «no tomaron las medidas necesarias para corregir la práctica irregular de concurrencia alternada a las misiones».
«De un especialista Electro Electrónico Aéreo función electrónica y de un especialista Electro Electrónico Aéreo función Instrumentos, no habiéndose llevado a especialista en esta última función, infringiéndose manuales y reglamentos«, señaló la institución.
«Manipulación incorrecta»
Lo anterior causó que «ante una falla de instrumentos de la aeronave, se efectuara una manipulación incorrecta de los indicadores de cantidad de combustible de los estanques, permitiendo así la introducción de corriente de alto voltaje en los mismos», afirmó el Ministerio Público.
De modo que se generó un colapso en el vuelo del avión Hércules C-130, situación que habría provocado su caída en el Mar de Drake.
Por otro lado, según la Fiscalía, el ex general Mosqueira «no implementó un sistema de gestión de seguridad operacional en la IV Brigada Aérea, que garantizara la ejecución segura de los vuelos en su jurisdicción».
En tanto, incumplió las normativas reglamentarias que provocaron «un aumento del riesgo permitido, ya que de haber realizado las acciones de supervisión que le correspondían, la aeronave no habría despegado de la IV Brigada Aérea«, explicó el órgano persecutor.
Medida cautelar
En la formalización, el Tribunal de Garantía de Punta Arenas decretó la medida cautelar de arraigo nacional y firma mensual ante Fiscalía en contra de los cuatro. Asimismo, fijó un plazo de ocho meses para desarrollar la investigación.
