Corte de Valdivia confirma fallo que ordena al fisco indemnizar a víctima de detención ilegal y torturas
El Estado deberá pagar una indemnización de cincuenta millones de pesos a una víctima de la dictadura militar, por daño moral.
Este jueves, la Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó el fallo que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos), por concepto de daño moral, a Arturo Sebastián Gómez Hernández.
Arturo Sebastián Gómez Hernández, fue detenido en dos ocasiones, en 1973, por personal del Ejército, torturado y, finalmente, condenado por un Consejo de Guerra a 3 años de presidio en calidad de encubridor de tenencia de explosivos y traición a la patria.
En fallo unánime, la Sala de Turno del tribunal de alzada – integrada por los ministros , María Elena Llanos Morales, Samuel Muñoz Weisz y María Soledad Piñeiro– , confirmó la sentencia recurrida, dictada por el Segundo Juzgado de Civil de Valdivia.
“Se CONFIRMA la sentencia apelada de fecha once de octubre del año dos mil veintidós”, consignó el fallo.
La sentencia de primer grado detalla: “como ha señalado la Excma. Corte Suprema, las acciones civiles tendientes a obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados, encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos(…) los cuales obligan al Estado de Chile a reconocer y proteger este derecho(…)”.
Derecho internacional de los Derechos Humanos
“En efecto, estas normas de rango constitucional imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y, en especial, a los tribunales, en tanto estos no pueden interpretar las normas de Derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de Derecho internacional de los Derechos Humanos(…)”, agregó.
Por tanto, según se resuelve: “SE ACOGE PARCIALMENTE la demanda civil de indemnización de perjuicios por concepto de daño moral interpuesta por don Arturo Sebastián Gómez Hernández en contra del Fisco de Chile(…)».
«En consecuencia, se condena al Fisco de Chile a pagar la suma de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) al demandante”, ordenó la Corte de Valdivia.
