Víctor Orellana, ex subdirector nacional de la ONEMI y consultor en gestión de riesgos, estuvo en La Prueba de ADN para conversar sobre la capacidad de respuesta de la institucionalidad para combatir incendios forestales.
La situación en la zona sur del país sigue bajo un escenario complejo y, el manejo tanto como la reacción ante la emergencia, ha sido uno de los temas principales durante los últimos días.
Una de las primeras apreciaciones que hizo el invitado, fue que «en estos 5 o 6 años, hay cosas en las que efectivamente hemos avanzado«.
Puntualizó que la principal mejora ha sido en un tema de recursos. «Se activan de manera preventiva. Poca gente sabe que esto se empieza a conversar a mitad del año anterior; se establece un escenario».
«Se proyecta un escenario entre CONAF, entre el sistema, y se define un posible grado de afectación bajo ciertas variables. Sobre eso se establecen instrumentos preventivos que son oficiales, que permite gastar plata anticipadamente«, detalló.
Puntos débiles ante la emergencia
Respecto a lo que no se ha avanzado, el especialista apuntó a que falta «resolver ciertas condiciones que escapan de lo que es la gestión misma de la emergencia, que tienen que ver con la gestión del riesgo, de lo que está antes».
«El riesgo se gestiona cuando ya existe, pero es importante evitar crearlo. Ahí hay toda una discusión que todavía está en desarrollo a nivel país», mencionó.
Con esto, el ex subdirector de la ONEMI refiere a «cómo nosotros generamos un desarrollo equilibrado de lo que es la parte rural con la parte urbana (…) se tiene que articular y organizar en base a instrumentos que aún no tenemos nosotros a disposición».
Ordenamiento territorial
Orellana señaló que «hay zonas de control que tienen que ver con distintos niveles, con distintas estructuras«. Con esto apela a lo que se contempla en el Plan Regulador Comunal, el «espacio urbano de la comuna».
La distinción está en «todo lo que queda de ahí para afuera (…) la parte rural que no está dentro de esa potestad«. De esta manera, hay diferentes formas de actuar ante una emergencia que afecte a ambas zonas.
Lo rural está sujeto a «instrumentos de nivel regional, donde se toman decisiones desde otras perspectivas. Hay cierta asimetría de quién toma la decisiónen ese borde; quién lo toma desde la ciudad a lo rural, y de lo rural hacia la ciudad».
El posicionamiento de la institucionalidad
El experto hizo referencia al rol, y situación actual, de la institucionalidad nacional que se encuentra a cargo de reaccionar a este tipo de emergencias.
Para el caso de los incendios forestales activos actualmente, Orellana indicó que «pilla a la institucionalidad en un proceso de instalación«. Esto, aludiendo al nuevo Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (SENAPRED).
«Es un proceso, porque requiere implementar recursos, cambiar una estructura (…) y eso toma un tiempo», enfatizó, indicando que este contexto «puede llegar a dificultar la capacidad que tiene el servicio de poder cumplir su rol principal».
El consultor en gestión de riesgos también aclaró que no se habla únicamente del cambio de ONEMI a SENAPRED, sino qué «hablamos de una ley que instala un nuevo sistema«.
«Establece que todo el sistema, tanto el SENAPRED, bomberos, Carabineros, CONAF, empiezan a trabajar desde otra lógica, mientras que también incorpora con más fuerza ahora, al nivel comunal», complementó aludiendo a los municipios que «van a tener más capacidades, más herramientas».