Corte Suprema otorga títulos póstumos de abogados desaparecidos y ejecutados en dictadura
"Lo hacemos como forma de reparación que, siendo simbólica, constituye un paso concreto para cumplir en forma cabal ese propósito para las personas directamente afectadas", afirmó el presidente del máximo tribunal.
La Corte Suprema entregó títulos póstumos a los familiares de una detenida desaparecida y de cuatro ejecutados políticos víctimas de graves violaciones a los derechos humanos entre el 11 de septiembre de 1973 y 10 de marzo de 1990, bajo la dictadura cívico-militar y que figuran en el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación.
En la ocasión se entregó el título profesional a los familiares de la detenida desaparecida Cecilia Gabriela Castro Salvadores y de los ejecutados políticos Germán Rodolfo Moreno Fuenzalida, Patricio Munita Castillo, Juan Ramón Soto Cerda y Marco Orlando Letelier del Solar, quienes obtuvieron su grado de licenciado de manera póstuma en la Universidad de Chile.
Un forma de reparación
En la ceremonia estuvieron presentes el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos; el presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza; el Defensor Nacional, Carlos Mora; la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) Alicia Lira, entre otras autoridades.
El acto solemne se realizó luego de que en enero pasado el Pleno del máximo tribunal acogiera parcialmente una solicitud planteada por la AFEP y el Colegio de Abogados, considerando que las respectivas universidades habían otorgado el título póstumo como reparación por las graves violaciones a los derechos humanos de las que fueron víctimas.
“No solo estamos acá para entregarle el título de abogado y abogada a quienes lamentablemente no pueden estar presentes, prestar el juramento y ejercer la profesión que hoy oficialmente se les reconoce, lo hacemos como forma de reparación que, siendo simbólica, constituye un paso concreto para cumplir en forma cabal ese propósito para las personas directamente afectadas, sus familiares y la sociedad en su conjunto”, afirmó Juan Eduardo Fuentes.
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