«Es un hito histórico»: Este domingo por primera vez los presos podrán sufragar y serán casi 900

El domingo 4 de septiembre se realizará el plebiscito sobre si se aprueba o no la nueva Constitución. Una instancia, en la que 889 personas privadas de libertad podrán ejercer su derecho a votar en la cárcel en que encuentren. A estos presos también, también se le suman 101 individuos en libertad y 39 funcionarios que fijaron su domicilio en una penitenciaria.

De esta manera, en 14 establecimientos carcelarios del país se constituirán mesas para que estas personas que se encuentran privadas de libertad, puedan sufragar. Un proceso en el que se implementarán estrictos protocolos para el cumplimientos de la normas establecidas tanto en el proceso electoral como en cuanto a la seguridad del recinto penitenciario.

Algo inédito

«La votación de las personas privadas de libertad en este plebiscito es un hito histórico«, así lo consideró José Henríquez, director de la Asociación Pensamiento Penal (Chile), tras ser contactado por ADN. El abogado hizo énfasis en que, aunque con la constitución vigente, las reos sin condenas aflictivas pueden votar, hasta esta oportunidad no se les había permitido.

«Cabe señalar que las personas privadas de libertad si bien se encontraban autorizadas para votar, incluso por el actual texto constitucional… Todas las personas con condenas inferiores a tres años y aquellas personas imputadas en prisión preventiva. Todas esas personas podían votar… Sin embargo, por la falta de voluntad política y de organismos como el Servicio Electoral y Gendarmería, no se podía llevar adelante esta votación«, señaló.

Ni con recursos de protección a favor se les permitía votar

Luego, el abogado se refirió a la judicialización previa de esta votación histórica. «Quedó visto en diversos recursos de protección interpuestos por el INDH y también por la Asociación Pensamiento Penal, en los cuales la Corte Suprema resolvió a favor de las instituciones que los presentaron, indicando a Servel y a Gendarmería que deberían dar las condiciones para que los privados de libertad votaran«, dijo.

Sin embargo, según indica Henríquez, a pesar de las sentencias de la Corte Suprema, aún los presos no podían. «Esta situación cambia con posterioridad al primer plebiscito, donde existe una modificación legal, que permite, de acuerdo a Servel, que ahora sí las personas privadas de libertad puedan votar y constituir mesas dentro de las unidades penales», explicó.

Aunque no son todos, deberían poder votar 10.000

A pesar del hito de ser la primera votación en que participan, aún quedaron presos sin poder ejercer su derecho. «Se espera que aproximadamente 1.000 personas puedan votar. No son todas las personas que podrían votar. De acuerdo a las cifras oficiales, son más de 10.000 las personas que podrían votar. Pero, evidentemente, esto es un paso«, expresó Henríquez.

Más adelante, el abogado valoro el trabajo hecho por las instituciones. «Un paso que se agradece, no solo al Ministerio de Justicia, también a instituciones, que si bien antes habían tenido un papel, digamos de, impedir llevar adelante estas votaciones, hoy sí es factible poder llevarlo adelante«, declaró.

«Nosotros como Asociación de Pensamiento Penal estamos muy contentos en cuanto pensamos que este proceso constituyente, que siempre ha sido y se ha considerado inclusivo, democrático, participativo… Ha permitido que las personas privadas de libertad, un grupo vulnerable que históricamente ha sido vejado y dejado de lado en nuestro país, puedan no solo ejercer su derecho a voz, sino que también a voto«, concluyó José Henríquez.

En la ocasión, el director de la Asociación Pensamiento Penal destacó el trabajo hecho por las organizaciones pertenecientes a la Red de Cabildos Penitenciaros, quienes acercaron la información y el proceso constituyente a las personas privadas de libertad.

La visión del INDH

Al respecto, también fue consultada por ADN, la consejera del Institución Nacional de Derechos Humanos, Constanza Valdés. «Esto es un avance importante en materia de participación democrática y derechos humanos y subsana una vulneración constante por parte del Estado de la participación de los derechos de las personas privadas de libertad», señaló de entrada.

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Y para finalizar, la abogada, al igual que José Henríquez, valoró este hecho inédito. «El derecho a sufragio es un derecho humano y es deber del Estado hacerse cargo de cumplir con su ejercicio. Este es un hito histórico pero también de dignidad para una población estigmatizada y excluida de la vida política y participativa», cerró.