• 05 OCT 2024

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«Sello Delivery»: Proponen crear registro nacional de repartidores para combatir a motochorros

La iniciativa busca aumentar las fiscalizaciones para evitar este tipo de delitos.

La diputada Paula Labra presentó un proyecto de ley denominado como “Sello Delivery” que busca crear un registro nacional de repartidores de aplicaciones para lograr una mayor fiscalización.

Esta iniciativa tiene el objetivo de que los repartidores sean inscritos obligatoriamente en un registro único por las empresas de delivery e incluso los restaurantes que cuentan con este servicio, con el propósito de asegurar la fiscalización.

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En este sentido, se exigirá acreditar la licencia de conducir, visa de trabajo, mantención del vehículo, entre otras regulaciones.

“Sello Delivery” pretende que en la práctica se fortalezca  la función de los inspectores municipales y disminuir los delitos cometidos por “motochorros”

La importancia del «Sello Delivery»

“Los delincuentes – aprovechando el impulso de los deliverys en pandemia- están suplantando a los repartidores para cometer delitos a plena luz del día. Se trata de bandas organizadas y que roban a los clientes en la puerta de sus casas, quienes confiados abren para recibir sus pedidos”, aseguró la diputada Labra.

Por su parte, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, respaldó abiertamente la iniciativa. «En lo que va de este año se han producido un total de 203 denuncias asociadas a la modalidad “Motochorros” en Providencia, logrando realizar 9 procedimientos exitosos con la detención de los 22 delincuentes involucrados en estos delitos», indicó la jefa comunal.

Agregó que «si se pudiera contar con más atribuciones en materia de fiscalización, se podría identificar de manera más fácil a quienes se esconden detrás de repartidores de delivery para cometer delitos».

En el documento se especifica que en el caso de que las empresas no actualicen el registro de sus repartidores, serán sancionadas con 1,5 UTM por cada día después del plazo inicial. 

Asimismo, en el caso de detectar la ausencia, adulteración o directamente falsificación de los documentos, se le aplicará al infractor una multa de 50 UTM.

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