Asociación de Fiscales muestra su preocupación por alto porcentaje de amenazas a asociados

La entrada del crimen organizado al país ha tenido un efecto en el sistema de justicia, no solo por las dificultades que pudiera tener las indagaciones estructurales de estas bandas, sino también por un incremento en las amenazas que pudieran recibir los fiscales en el ejercicio de sus funciones.

Así lo demostró una encuesta realizada por la misma Asociación de Fiscales: hace aproximadamente tres semanas se realizó una encuesta entre los asociados (más del 90% de los fiscales de Chile) que reveló que el 30% de ellos (o su entorno familiar) ha sido amenazado o agredido por las labores propias del cargo. Además, más del 85% indicaron que las condiciones o medidas de seguridad son precarias o inexistentes. Francisco Bravo, presidente de la Asociación, converso con ADN Hoy sobre este tema.

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«Hicimos esta encuesta a propósito de una serie de amenazas a fiscales, particularmente en la macrozona sur: hay fiscales que han recibido amenazas, carteles que señalan: ‘conocemos a tu familia’, ‘conocemos a tu hija’. Hay un fiscal que hace aproximadamente un año, en Cañate, le quemaron una casa. Tuvo que trasladarse del lugar donde desempañaba sus funciones en el sur y hoy está en Santiago. También nos preocupa lo que está ocurriendo en el norte con los carteles de drogas: hace poco tiempo se desarticuló una organización que estaría vinculada con el llamado Tren de Aragua, en Arica; pero también hay una situación en Tarapacá y Antofagasta muy compleja en ese sentido», dijo de entrada Bravo.

Mirando el comportamiento internacional, señaló el líder gremial, y en particular en el caso de las organizaciones internacionales, no hay amenazas explícitas, «sino que derechamente actúan». Así, de quienes respondieron afirmativamente a las consultas por amenazas, un 70% resultó en una causa y un 60% obtuvo resultados.

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«A partir de la realidad de los colegas del sur y del norte dijimos que hay que hacerse cargo de un tema que es sumamente complejo y preocupante, que es la seguridad. No queremos que en Chile ocurra lo que ocurre en otros países: que terminemos lamentando, ojalá que nunca, una situación trágica para un o una colega», precisó Bravo.

Son dos puntos los que indicó el líder gremial que hay que abordar: hacer un levantamiento concreto en todo el país de los fiscales que están más expuestos a una situación de riesgo (los que investigan crimen organizado, droga); y luego, un análisis de inteligencia respecto de la vulnerabilidad que estos tengan, «para tomar medidas preventivas y no tener que lamentar hechos».

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«Hay experiencias de lo que se puede hacer: por ejemplo nosotros tenemos ciertas rutinas y uno no está preocupado de si lo sigue alguien o no. La verdad es que uno se concentra en trabajar. Pero hay organismos especializados que pueden decir: ‘Tu haces esta ruta siempre, esta es la más riesgosa, esta es la menos riesgosa’. Hay casos más extremos: en México, muchos fiscales usan armas de fuego. Nosotros somos abogados, no estamos para andar con armas. O ponen láminas de seguridad en los vehículos; o dejar de usar distintivos de la Fiscalía porque llama la atención. Hay medidas que se pueden tomar, pero hay que hacer levantamiento de la información», propuso.

Otra de las propuestas de la Asociación es la creación de Fiscalías supraterritoriales «que se enfoquen en temáticas especializadas, como precisamente el crimen organizado o el narcotráfico. No necesariamente trabajar con fiscales de la zona o la región donde está la problemática porque eso también los expone».

Por lo pronto, aseguró el fiscal Bravo que es «una idea que hay que estudiarla».