Senadora Aravena por conflicto en la macrozona sur: «Los delitos que han aumentado son los de quitar la vida humana»

El Presidente electo Gabriel Boric ha asegurado el fin del estado de excepción que rige para la macrozona sur. Además, garantizó un diálogo con los actores involucrados en el largo conflicto en el lugar. En paralelo, la Convención Constitucional ha aprobado el reconocimiento de Chile como Estado plurinacional, junto con permitir la discusión de una justicia para los pueblos originarios distinta a la de quienes no se identifican con esta categoría.

Pasan cosas en el sur del país, y sobre eso conversó la senadora ex Evópoli, Carmen Gloria Aravena, en ADN Hoy, quien de entrada puso las cifras sobre la mesa: según ella, en más del 50% de los delitos asociados a la reivindicación originaria no se conocen los responsables. A ello se suma también la disminución de los eventos delictivos en la misma macrozona sur desde la implementación del estado de excepción en un 48%.

Sin embargo, cabe hacer una precisión en relación a esta última cifra: «Los delitos aquí son varios: robo de madera, narcotráfico, incendios, tenemos dos municipalidades que se reconstruyeron de nuevos; asesinatos, torturas, robos de vehículos. La diversidad es muy grande. En ese contexto, los delitos disminuyeron un 48%. Los que han aumentado, y hay que decirlo con todas sus letras, es el de quitar la vida humana. En ese contexto hay que dar cuenta que han fallecido cinco personas en los últimos 15 días, aumento la cifra a 38 personas fallecidas en este conflicto que tiene 44 años, pero que en el gobierno del Presidente Piñera es más de 20 personas».

Ampliar

Pese a ello, sin estado de excepción «habría sido peor», precisó: «El año pasado hubo, solo en una comuna, más de seis mil hectáreas usurpadas. Los veranos se recrudece la violencia en la macrozona sur. En estricto rigor, sin estado de excepción no nos imaginamos cómo hubiera sido esto. Aquí se ha cosechado con apoyo de Carabineros y resguardo militar prácticamente todo el trigo que se produce en Chile».

«La usurpación hubiera sido una situación muy compleja, porque no solo trae lo de la propiedad privada, sino la violencia: el año pasado se quemaron prácticamente todas las casas de los campos usurpados. Debemos reconocer que la violencia se ha recrudecido en términos de reconocer las víctimas que han fallecido, pero no nos podemos imaginar cómo hubiera sido sin Estado de Excepción. Hay que ver qué ocurre en La Araucanía cuando se quite el Estado de Excepción como anunció el próximo presidente. Dios nos ampare», añadió la senadora.

Antes de la pandemia, Aravena participó de un diálogo en la zona, liderado por el obispo de La Araucanía. «Hace un año no nos reunimos, tratando todos de buscar una solución al conflicto. Tuvimos mucho diálogo, escuchamos muchos expertos en conflicto, pero no hubo acuerdos al menos en lo que para el sector de centro derecha es relevante, como es avanzar en el delito de usurpación, que tiene una pena baja. Sobre todo cuando desde la Constituyente se discute el aumento de restitución de tierra y expropiaciones, y estamos viendo que se han entregado más de 1-500 mil hectáreas en La Araucanía, 500 mil millones de pesos invertidos».

«Cuando se plantea una plurinacionalidad, jurisdicción independencia y autodeterminación, hay que comprender que La Araucanía tiene 2.500 comunidades indígenas pero viven más de un millón de habitantes del cual más del 70% no es indígena y produce, vive y no permanece muchos años acá, porque la colonización no se da acá hace más de 120 años. Es muy complejo el análisis. No hubo acuerdo porque hay senadores que señalaron que hay que entregar prácticamente La Araucanía completa. No sé con qué capital el Estado de Chile financiaría la restitución de tierra, y lo otro es cómo conviven los ciudadanos no mapuche al interior de un territorio. Es muy complejo cuando se plantea una jurisdicción independiente cuando el delito en la región es tremendo y qué vamos a entender por delito, porque la CAM no reconocen el Estado de Chile, así como también otros. Hay que ver todos los aspectos: los de los pueblos originarios y los no mapuche», espetó la parlamentaria.

Sobre la posibilidad de un sistema de justicia alternativo para pueblos originarios, señaló: «Ha sido dificultoso en los países donde se ha tratado de implementar. El nivel de violencia en la región es tremendo. Bajo la mirada de un pueblo que considera que la violencia es legítima, a pesar de los tratados internacionales firmados por Chile, y que sienten derecho de quemar y destruir, no es propio de su cultura. No se sienten de parte del pueblo de Chile, sino de su cultura. Habría un caos, un desplazamiento forzoso de parte de las personas que no adhieren a eso e irse a otras regiones. Sería una cosa masiva. En un contexto de injusticia y de no tener a quién acudir, tendrán que moverse hacia un territorio que no conocen. La situación es compleja. Lo que escuchamos en la constituyente y los anuncios del próximo gobierno, que es dialogar con cinco agrupaciones extremistas que se han adjudicado los atentados, esto ha tomado un tono complejo y oscuro para el futuro. «.

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