Caso Tomás Bravo: PDI anunció acciones legales contra manifestantes que causaron incidentes en cuartel de Lebu
El tío abuelo del niño, Jorge Escobar, había sido trasladado a la unidad policial tras su detención. Cuatro funcionarios policiales resultaron lesionados.
26 DE FEBRERO DE 2021 / LEBU Manifestaciones en el cuartel donde se encuentra detenido el tío abuelo Jorge Eduardo Escobar después del Hallazgo del cuerpo de Tomás Bravo, menor de 3 años desaparecido el pasado 17 de febrero en en el sector rural de Caripilum, en la comuna de AraucoFOTO: RODRIGO GAJARDO / AGENCIAUNO
Tras el hallazgo del cuerpo de Tomás Bravo, quien permaneció desaparecido durante nueve días, se registraron incidentes en las afueras del cuartel de la PDI en Lebu, al que fue trasladado el tío abuelo del niño, Jorge Escobar. El individuo fue detenido por su presunta participación en los hechos y se le investiga por homicidio simple.
Decenas de manifestantes acudieron la tarde de este viernes a la unidad policial. Durante la protesta hubo lanzamiento de proyectiles —piedras y rocas, principalmente— e incluso un grupo intentó acceder al lugar, lo que obligó la intervención de efectivos de Control de Orden Público de Carabineros.
Horas después de los hechos, la PDI señaló en un comunicado que entablarán acciones legales ante la Fiscalía Local de Lebu, «con el fin de que se inicie una investigación penal destinada a identificar a quienes participaron de dicha agresión, que dejó a cuatro oficiales de la PDI con lesiones de carácter leve por golpes de objetos contundentes, así como cuantiosos daños en la propiedad fiscal».
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El escrito señala además que «en dicha investigación, la PDI ejercerá todas las acciones legales pertinentes destinadas a que los autores de las lesiones y los daños sean sancionados con vigor y de acuerdo con la legislación vigente».
Finalmente, desde la policía civil subrayaron que «situaciones de esta naturaleza no se justifican desde ningún punto de vista, menos aún después de que la propia PDI tomara detenido al imputado, por lo cual la comunidad puede tener la certeza de que dicha persona enfrentará a la justicia y que el intento de agredirlo no solo es inaceptable en un estado de Derecho, sino que además habría atentado contra el éxito de las indagaciones que aún están en curso».
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