Consejo de Defensa del Estado se querelló contra esposa de excomandante Fuente-Alba por lavado de activos

En junio de 2019, el excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, fue formalizado por el delito reiterado de lavado de activos, en el marco de una investigación a su patrimonio, que creció de manera explosiva de $400 millones a $1.500 millones.

Este miércoles, el Consejo de Defensa del Estado amplió la querella que había presentado en contra de la exautoridad castrense y apuntó también a su esposa, Anita María Pinochet Ribbeck, así como de quienes resulten responsables del mismo ilícito.

El organismo señaló que «consta indubitadamente» que Pinochet —de acuerdo a la investigación— habría ocultado, disimulado y aprovechado dineros provenientes de gastos reservados «con pleno conocimiento del origen ilícito de los mismos».

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Esto daría cuenta, en palabras del CDE, de un eventual ocultamiento de bienes o «blanqueo propio», con el objetivo de esconder o disimular “la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente”, además de “introducir en la economía activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia de legalidad al valerse de actividades lícitas”.

En cuanto a las cifras, el delito base es el de malversación reiterada de caudales públicos del propio Fuente-Alba, que asciende a una suma aproximada de $3.500 millones, calculados al día de hoy.

“Con los bienes provenientes de los delitos de malversación de caudales públicos perpetrados por su cónyuge, la imputada realizó diversas operaciones —materiales, financieras y jurídicas—, que en su conjunto tuvieron por objeto disimular el origen ilícito de los bienes obtenidos”, argumenta el CDE. Esto materializó “dos de las etapas que internacionalmente se distinguen para este delito, como son la ‘colocación’ y ‘estratificación’ o ‘ensombrecimiento’”.

Defensa alega «antecedentes falsos»

Las imputaciones realizadas por el CDE fueron desmentidas por el abogado Miguel Chávez, quien representa al general (r) Fuente-Alba. “Pareciese ser que alguien pretende suplir sus carencias probatorias con una acción comunicacional fundada en antecedentes falsos, en mentiras y tergiversaciones de la pruebas que se han incorporado en el proceso”, señaló.

Chávez agregó que “me sorprende que un organismo como el CDE pretenda, en términos coloquiales, un refrito de prueba antigua. Es una maniobra burda y grosera esta acción legal considerando que ellos tienen la carpeta investigativa donde hay pruebas nuevas”.