Organizaciones agrupadas en la Alianza Anticorrupción publicaron un decálogo de buenas prácticas para tiempos de pandemia

Las organizaciones agrupadas en la Alianza Anticorrupción entre las que está la Contraloría General de la República, dieron a conocer este lunes un decálogo de buenas prácticas, que busca tener un marco para fiscalizar a las instituciones públicas en medio de la pandemia del coronavirus, debido a que según ellos mismos reconocen, en tiempos de emergencia se pueden producir mayores actos de corrupción ante la urgencia de contar con algunos recursos.

Así, la alianza indicó que «para asegurar el eficiente uso de los recursos en este contexto, así como para reforzar la confianza de la ciudadanía en las medidas adoptadas, se hace necesario transversalizar en las acciones asociadas a la pandemia, la integridad, la transparencia, la rendición de cuentas, tanto en la respuesta más inmediata como en los esfuerzos de recuperación».

El decálogo contempla los siguientes puntos:

1.Facilitar el uso de las nuevas tecnologías de la información.

2.Asegurar el cumplimiento legal de las contrataciones a la normativa vigente.

3.Sujetar estrictamente los procedimientos al principio de probidad.

4.Mantener los controles internos y externos disponibles y aplicarlos con sentido de urgencia.

5.Fortalecer la coordinación institucional y el intercambio de información entre el sector público, pero también con la sociedad civil y el sector privado.

6.Asegurar estándares de transparencia y rendición de cuentas.

7.Forjar acuerdos entre actores políticos y sociales que permitan diseñar estrategias de gobernabilidad efectiva.

8.Fortalecer la implementación de sistemas de integridad.

9.Potenciar el compromiso de los altos directivos con la implementación de los sistemas de integridad pública.

10.Difundir y sensibilizar permanentemente en materias de integridad.

Además se puntualizó que la urgencia de respuestas que se da en el contexto de la pandemia «no deroga las normas de probidad, no tolera los conflictos de intereses y no autoriza la realización de actos de corrupción ni exime de la aplicación de sanciones«.