Justicia ofició a centros de salud para que entreguen datos de fallecidos Covid-19 en el marco de querella contra Presidente Piñera, Mañalich, Daza y Zúñiga
El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago accedió a la diligencia a solicitud de fiscal Marcelo Carrasco.
Documentación (referencial)
En el marco de la querella interpuesta por las concejalas de Conchalí y Santiago, Grace Arcos e Iraci Hassler, que se sumó a la del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, contra el Presidente Sebastián Piñera, el exministro Jaime Mañalich, y los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga, por cuasidelito de homicidio y denegación de auxilio y abandono de destino en el contexto de la pandemia por Covid 19, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago accedió a una diligencia solicitada por el fiscal Marcelo Carrasco, donde se piden una serie de datos de los pacientes fallecidos que se encuentran contemplados en la acción judicial.
En el requerimiento se busca la entrega de «fichas clínicas completas y antecedentes médicos» del grupo de personas que estuvieron internadas en la Posta Central, el Hospital de Trabajador (ACHS), la Posta 3, Hospital San Juan de Dios, Hospital San José, Hospital Clínico J.J. Aguirre, Clínica Vespucio y el Hospital del Tórax, ya que en aquellas muertes, según la parte querellante, «no se habría prestado la atención debida a los vecinos de dichas comunas, quienes no contaron con la hospitalización, cuidados o seguimientos requeridos, no siendo trasladados a residencias sanitarias u hospitales que les entregaran los tratamientos para salvarles la vida», según indicó el persecutor en la autorización a la que tuvo acceso ADN.
En esa línea, «a juicio de las querellantes, se les habría impedido a las autoridades locales poder seguir, trazar y cuidar a las personas contagiadas de manera adecuada. Toda vez que la propagación del Coronavirus (Covid-19) se habría amplificado de gran forma producto del actuar negligente y grave de los querellados, generando un gran contagio de vecinos de la comuna de Santiago y Conchalí», responsabilizando a «un ocultamiento deliberado de información y entrega de datos técnicos distintos a la realidad, además de la negación sistemática de información a las autoridades locales», expresó Carrasco.
Por su parte, es el juez titular del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, Pedro Pablo Advis, quien ofició a los centros de salud para la entrega de la documentación a la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Centro Norte, señalando que, si no acceden a lo solicitado, quien esté en el cargo de director o administrador del recinto, deberá enfrentar arresto y multa de hasta quince unidades tributarias mensuales.
