Relator especial de la ONU afirmó que Chile «debe dar prioridad a los derechos al agua y la salud» antes que los «intereses económicos»

El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Léo Heller, cuestionó el manejo que ha tenido Chile en cuanto a asegurar el abastecimiento de agua y, con ello, el asegurar el acceso a la salud, en el contexto de la pandemia del Covid-19.

Heller está dedicado a los Derechos Humanos desde el punto de vista sanitario y el acceso al agua potable. Desde ese punto de vista, criticó dos proyectos vinculados al desarrollo económico del país: el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo y el negocio de la palta en la Región de Valparaíso.

«El Gobierno chileno no cumple sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos si da prioridad a proyectos de desarrollo económico sobre los derechos humanos al agua y a la salud«, remarcó Heller.

El experto agregó que «el Gobierno está obligado a garantizar un abastecimiento de agua suficiente para toda la gente. Estos dos proyectos económicos pueden poner en riesgo el abastecimiento, lo que es particularmente preocupante durante la pandemia de COVID-19. He pedido al Gobierno de Chile que aclare estas dos cuestiones».

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Específicamente sobre la producción de palta, Heller recordó que un palto (o aguacatero, en otros países) puede consumir tres veces más agua que la cuota reservada para los residentes. En ese sentido, aludió a la sequía que afecta la zona, vinculada también a la crisis hídrica que vive Chile desde hace años.

El relator de la ONU también demandó que, desde 2016, se han destinado para los residentes 50 litros diarios por persona. El agua es abastecida por medio de camiones cisterna no certificados que, en ocasiones, ha sido tan insalubre que ha causado casos de diarrea infantil.

«Esto no es suficiente para cubrir las necesidades domésticas usuales durante una pandemia», emplazó Heller. «El Ministerio de Salud de Chile recomienda el lavado de manos como una de las maneras más efectivas para prevenir la propagación del Covid-19, por lo que el Gobierno debe garantizar un suministro de agua adecuado para todas las personas y asegurarse de que las empresas no socaven la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones«.

Además, el especialista acusó que el Gobierno sigue otorgando nuevos derechos de agua a empresas agrícolas y no ha logrado controlar el uso ilegal y excesivo de agua de las empresas de palta.

Respecto de Alto Maipo, Heller subrayó que «este proyecto no solo podría reducir la principal fuente de agua potable de los residentes de Santiago de Chile, sino que también podría agravar la contaminación del aire en la capital«. Esto ocurrirá, según el relator, porque la hidroeléctrica dañará el «corredor verde» de la cuenca del Río Maipo que ha ayudado a compensar la contaminación.

«A pesar de que el Gobierno ha investigado los daños ambientales, no se ha tomado ninguna medida para garantizar el derecho humano al agua de la población afectada por este megaproyecto«, concluyó el experto.