Profesora de derecho penal y caso Ámbar: Demuestra cuán necesario es invertir en ejecución penitenciaria

La abogada y profesora de derecho penal María Elena Santibáñez alertó que aún no está en funcionamiento el nuevo sistema para otorgar beneficios carcelarios y el seguimiento de los beneficiados.

A raíz del caso de Ámbar Cornejo, la profesional explicó que Humberto Bustamante Pérez (condenada a 27 años de cárcel en 2005 por el homocidio de su expareja y su hijo y sospechoso principal del asesinato de la adolescente) estaba libre por culpa de un sistema de beneficios que falló. «Ha sufrido modificaciones, el año pasado, pero que lamentablemente no ha podido entrar en vigencia esas modificaciones», dijo en ADN Hoy.

«La ley que modifica la libertad condicional, que es de enero de 2019, y establece un sistema más moderno, estableciendo la figura de un delegado de libertad vigilada que pueda hacer un seguimiento y que la libertad se otorgue en base a un informe más especializados que el que existía con anterioridad y que suponga considerar las características de los sujetos», explicó.

Santibáñez explicó que en el sistema modificado «no se tomaban en consideración, y sigue sin poder hacerse, características especiales de las personas condenadas, de tal manera que bastaría el tiempo de cumplimiento exigido por la ley para otorgar la libertad condicional de una persona que no debería estar en libertad».

Actualmente, los cambios hechos a la ley no han sido implementados por falta de asignación de fondos. «Lamentablemente, en nuestro país el tema de ejecución de penas ha quedado a la cola, no es algo en lo que se invierta porque no parece ser prioridad. Y este tipo de casos nos demuestran cuan necesario es invertir en ejecución penitenciaria», dijo.

La profesional alertó que el sistema judicial requiere de jueces de ejecución de penas, «que permitan efectuar un seguimiento de este tipo de casos y decidir si las concesión de beneficios se ajusta a las necesidades particulares del sujeto».

«Si vemos lo que supone inversión en  materia de ejecución, siempre queda como lo último, no es algo en lo que la ciudadanía quiere invertir, Cuando se pone en el tapete la posibilidad de aumentar las penas versus invertir en ejecución penitenciaria, la balanza siempre se inclina por aumentar las penas, lo que es pan para hoy y hambre para mañana», agregó.

«Si nosotros no nos preocupamos de invertir respecto de lo que va a hacer ese sujeto que va a ingresar a la cárcel, es tener la satisfacción de que hoy día va a cumplir pena, pero el día de mañana, como acaba de pasar con el caso de Ámbar, tenemos que hacernos cargo de las consecuencias de no haber invertido en las políticas penitenciarias», sumó.