Convención: Comisión de Derechos Fundamentales aprobó derecho a la restitución y reintegro de tierras y bienes naturales a los pueblos indígenas
Dicha propuesta debió ser votada por artículos y finalmente fue aprobada en su totalidad por 24 votos a favor y 9 en contra.
Durante la tarde de este viernes, la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional aprobó la iniciativa convencional constituyente de derecho a la restitución y deber de reintegro de tierras, territorios y bienes naturales de los pueblos indígenas.
Dicha propuesta debió ser votada por artículos y finalmente fue aprobada en su totalidad por 24 votos a favor y 9 en contra.
Dentro de la misma iniciativa aprobada, también se votó el artículo que creará una comisión plurinacional de catastro, demarcación y titulación territorial indígena, la que tendrá, en caso de ser aprobada la iniciativa en el pleno, la finalidad de recibir las demandas territoriales de los pueblos indígenas.
El primer paso
Finalizada la votación, fue la convencional Rosa Catrileo del Pueblo Mapuche que se refirió al respecto y señaló que está aprobación es solo un paso y que aún queda mucho por conversar en búsqueda de su aprobación en el pleno.
“Es un camino muy importante, es un paso muy importante si logramos que esto quede en la Constitución. Seguramente van a ser los primeros pasos, para posiblemente solucionar, sobre todo el conflicto que hay en el Wallmapu”, afirmó.
“Tenemos las esperanza que esto sea un reflejo de lo que pudiera ser, nos falta conversar, nosotros les decimos, es una propuesta base, es la votación en general. Estamos absolutamente disponibles para conversar con los distintos colectivos”, agregó Catrileo.
En tanto, además de aprobar el derecho a la restitución de tierras a pueblos indígenas,también en el texto se ingresaron dos artículos transitorios, en el caso del primero dice relación que, dentro de un plazo de seis meses desde la entrada en vigencia de la Constitución, se deberá conformar la comisión Plurinacional antes mencionada y que, a su vez, el Estado tendrá dos años plazo para constituir por vía legal e instalar el también denominado Tribunal Especial de Tierras, Territorios y Aguas Ancestrales.
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