Peruvian President Dina Boluarte speaks during a conference at the Government Palace in Lima, on December 17, 2022. - Boluarte said on Saturday she would remain in office and asked Congress to bring forward general elections to end the crisis and protests sparked by the impeachment of her predecessor, Pedro Castillo. (Photo by Lucas AGUAYO / AFP) (Photo by LUCAS AGUAYO/AFP via Getty Images)
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, afirmó este jueves que un posible adelanto de elecciones en su país «está cerrado». Boluarte, que fue electa como vicepresidenta en la fórmula que lideró el destituido Pedro Castillo, se comprometió a cumplir su mandato hasta el 28 de julio de 2026.
«Este tema de adelanto de elecciones está cerrado. Nosotros seguiremos trabajando de manera responsable y, en ese respeto al Estado de derecho, a la democracia y a la Constitución hasta julio de 2026», remarcó la Mandataria. Estas declaraciones se produjeron tras la celebración de una sesión del Consejo de Ministros en el Palacio de Gobierno de Lima.
Mientras tanto, organizaciones sociales y civiles del sur del país anuncian que este 19 de junio llegarán hasta la capital peruana para participar en una manifestación denominada como la «Toma de Lima».
En respuesta a la convocatoria de protestas, la Policía Nacional de Perú (PNP) informó que desplegará cerca de 8.000 agentes en las calles de la capital. «La PNP ha hecho un despliegue de, más o menos, 8.000 efectivos. Están distribuidos tanto en la región Lima como en nuestra Dirección de Operaciones Especiales», aseguró el general de la Policía Víctor Zanabria.
30 mil manifestantes
Zanabria explicó que las nuevas movilizaciones podrían presentar un «poco número de manifestantes, pero con un alto nivel de violencia». Sin embargo, aseguró que la PNP tiene capacidad para controlar entre 20.000 y 30.000 manifestantes. La PNP estima que la marcha contará con cerca de 5.000 personas en lo que sería «el escenario más problemático».
El portavoz policial subrayó la capacitación en el uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos que aseguró han recibido los agentes tras las denuncias hechas por organizaciones internacionales y el informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el «uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza» de la Policía en la represión de las protestas.
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