«Son y serán nicaragüenses»: cerca de 500 intelectuales de todo el mundo firman carta condenando la desnacionalización de opositores al régimen de Ortega y Murillo

La última decisión por la que fue noticia el gobierno de Daniel Ortega y Rosa Murillo, en Nicaragua, fue la de quitarles la nacionalidad a 92 personas, entre ellos exmilitantes sanidinistas e intelectuales, como los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, por «traición a la patria». Frente a esto, casi 500 artistas y figuras públicas de todo el mundo firmaron una carta pública en la que se exige exhortar al gobierno de Ortega y Murillo a detener «la represión contra su pueblo». 

Alejandro Zambra, Nona Fernández, Andrea Jeftanovich, Jorge Edwards, Marcelo Leonart, Patricio Fernández, Pía Barros y Rafael Gumucio, son los chilenos que adhieren a la misiva. Además, están también los Premios Nobel de Literatura, el peruano Mario Vargas Llosa y el turco Orhan Pamuk; los Premios Princesa de Asturias Paul Auster y Siri Hustvedt; Samanta Schweblin, Rosa Montero, Margo Glantz, Elena Poniatowska, Alfredo Bryce Echenique, Richard Ford, Guadaluppe Nettel, Ariana Harwicz, Claudia Piñeiro, Edmundo Paz Soldán, Eduardo Scheri, Emmanuel Carrére, Gabriela Cabezón Camara, Guillermo Arriaga, Javier Cercas, Jorge Volpi, Leila Guerriero, Martín Caparros, Patricio Pron, Selva Almada, Jon Lee Anderson, Óscar Martínez y más.

En el cuerpo de la carta, se apunta a la modificación constitucional hecha el pasado 9 de febrero, que le quitó su nacionalidad, primero, a «222 presos políticos, incluyendo jóvenes universitarios, militantes políticos, líderes campesinos, sacerdotes y periodistas».

«El 15 de febrero se despojó a otros 92 nicaragüenses de su nacionalidad, entre los cuales se encuentran el escritor y Premio Cervantes de Literatura Sergio Ramírez y la reconocida poeta Gioconda Belli. Estos hechos violan el derecho humano fundamental a tener una nacionalidad y la prohibición a que se prive arbitrariamente de ella a cualquier ser humano, consignada en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, se continúa.

“En los últimos años al menos dieciocho universidades han sido canceladas arbitrariamente como una forma de control ante la rebelión estudiantil de 2018 que dejó 328 muertos, cerca de 2 mil heridos y cientos de detenidos. El gobierno de Daniel Ortega ha cancelado también el estatus legal de más de 3 mil organizaciones no gubernamentales, incluyendo aquellas que defienden los derechos humanos y de las mujeres. Veintiséis medios de comunicación han sido cerrados y más de doscientos periodistas han debido exiliarse. Por si fuera poco, desde 2018 se prohíbe la entrada a organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, se lee más abajo.

Y cierra: «Exhortamos a la comunidad internacional a que se pronuncie y asuma un papel activo en todas las acciones que puedan llevar al cese de los abusos y las violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen Ortega-Murillo. Exhortamos también al gobierno nicaragüense a que detenga la represión contra su pueblo».