Congreso de Perú aprueba acusar constitucionalmente al ex presidente Pedro Castillo por corrupción

Este viernes, el congreso peruano aprobó el informe final que recomienda a la Fiscalía acusar al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por presuntamente encabezar una organización criminal durante su Gobierno para obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas.

Luego de la votación que aprobó el informe final con 59 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones, el jefe del Legislativo, José Williams, afirmó: «Ha sido aprobada la resolución legislativa del Congreso por la que se acusa al señor Pedro Castillo, en su condición de expresidente de la República».

El documento recomienda acusar a Castillo por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder, y contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado, así como presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión.

El expediente responde a presuntas irregularidades encontradas en las obras del Puente Tarata II, en el departamento de San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.

Por otra parte, los exministros de Transporte, Juan Silva, y de Vivienda, Geiner Alvarado, también fueron señalados por la votación del Congreso. Estos, durante el debate, defendieron el papel de Castillo, alegando que se le acusaba en un proceso sin evidencias.

Petición descartada por el parlamento

El propio Castillo, fue invitado a comparecer por videoconferencia ante el pleno del Congreso para ejercer su derecho a la defensa, sin embargo, el exmandatario solicitó que su presentación fuese en persona, lo que fue desestimado por el Parlamento.

Recordemos que el exmandatario se encuentra detenido en una cárcel de Lima desde el 7 de diciembre, tras su fallido autogolpe. Luego, el Legislativo lo destituyó y designó como mandataria a Dina Boluarte, vicepresidenta de Castillo.

Cabe mencionar que la salida del poder de Castillo desató una ola de protestas que han dejado al menos 48 muertos por la represión policial. Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte y nuevas elecciones generales.