Durante la jornada de este miércoles, el gobierno de Perú, liderado por la presidenta Dina Boluarte, resolvió la extensión del estado de emergencia a todo el país por 30 días.
Así lo confirmó el ministro de Defensa, Alberto Otárola, citado por El País: «Debido a los actos vandálicos y violentos, a la toma de carreteras y caminos que, ciertamente ya son actos que se están estabilizando y están siendo controlados por la Policía Nacional y por las Fuerzas Armadas y que requieren de una respuesta contundente y de autoridad por parte del Gobierno».
Cabe recordar que la medida regía, desde el pasado lunes, para una parte de la zona sur del país, producto de las movilizaciones generadas por la inestabilidad institucional, a raíz del fracasado autogolpe de Estado que el expresidente Pedro Castillo intentó llevar a cabo.
En la misma línea, la justicia peruana decidió extender la prisión preventiva que rige para Castillo por 48 horas más (hasta el próximo viernes 16 de diciembre).
El pasado 8 de diciembre, y en la antesala de un juicio en el Congreso por incapacidad moral, Pedro Castillo decidió disolver el Parlamento nacional. La acción tuvo como consecuencias inmediatas la fuga de gran parte del gabinete, que las Fuerzas Armadas se subordinaran al mismo Congreso y que el juicio al que estaba por someterse fuese adelantado y por consecuencia, derivara en un proceso judicial por actuar inconstitucional.
Con el pasar de los días, la situación de Perú ha tensionado no tanto a los poderes del Estado, sino a la ciudadanía, con protestas que ha dejado varios muertos, particularmente en zonas rurales, donde Castillo tiene gran popularidad.
En el ámbito internacional, los gobiernos de Argentina, Colombia, Bolivia y México han desconocido a Boluarte como presidenta y han exigido la liberación de Castillo. Además, se conoció que el exmandatario peruano habría solicitado asilo en el país liderado por Andrés Manuel López Obreador.