El oficialismo del gobierno de Nayib Bukele contó con los votos de 65 diputados para ampliar el decreto «en todo el territorio nacional». El ejecutivo asegura que de esta forma lograron capturar a unos 52.000 supuestos pandilleros. La decisión del congreso del país centroamericano lleva el período hasta el 18 de octubre.
El titular del parlamento salvadoreño Ernesto Castro indicó que «es necesario arrancar de raíz todo lo que le ha hecho mal a nuestro país». Sus dichos hacen referencia a los dos grupos criminales en ese país, la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. Investigaciones periodísticas han mostrado vínculos de Bukele con esas pandillas.
El estado de excepción suspende la libertad de asociación, el derecho a la defensa de un procesado, extiende la detención preventiva hasta 15 días y faculta intervenir las comunicaciones y la correspondencia. Diferentes organizaciones civiles acusan que la medida permite abuso de partes de las fuerzas de seguridad contra la población.
La Prensa Gráfica detalla que la nueva prórroga iniciará este lunes 19 de septiembre. Las organizaciones sociales dan cuenta que a la fecha se registran al menos 3.000 detenciones arbitrarias. En paralelo el gobierno de Bukele presentó las peticiones de reformas a diferentes leyes penales, sin detallar qué cambios desean aplicar.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en un acto oficial / Anadolu Agency
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