Canciller de Colombia renunció tras denuncia ante la Corte Penal Internacional del actuar del gobierno

La crisis social y política en territorio colombiano llegó hasta el gabinete del gobierno de Iván Duque. A más de dos semanas de las protestas contra el ejecutivo, se conoció la segunda salida de un ministro. La canciller Claudia Blum presentó su renuncia de forma «irrevocable» en medio de las críticas internacionales por la represión.

Diferentes organismos multilaterales, estados y organizaciones rechazan la violencia en contra de la ciudadanía. Hasta la fecha se identifican al menos 47 personas fallecidas durante el ciclo de protestas en la nación sudamericana. Antes de la salida de Blum se concretó la renuncia del titular de hacienda Alberto Carrasquilla.

La diplomacia colombiana quedará temporalmente a cargo de la vicecanciller Adriana Mejía. La excanciller expresó en su misiva a Duque que «bajo su liderazgo, el país continuará en la senda del desarrollo sostenible». Blum tenía programado un viaje a Europa para explicar la versión del gobierno sobre las protestas.

La salida de la canciller se produce cuando se abre un frente para el ejecutivo en la Corte Penal Internacional (CPI). Organizaciones sociales y el senador Iván Cepeda denunciaron al gobierno de Duque por crímenes de lesa humanidad. La acción también se presentó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

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Los demandantes señalan como responsable de las violaciones a los derechos humanos al mandatario Iván Duque. Pero también incluyeron al ministro de defensa Diego Molano y al comandante del ejército Eduardo Zapateiro. La acción alcanza igualmente al director de la policía Jorge Luis Vargas, todos como «máximos responsables».

La acción expone «24 casos de asesinato y 50 de víctimas de tentativa de asesinato; 16 víctimas de violencia sexual». También se incluyeron «11 víctimas de desaparición forzada; 129 víctimas de tortura y 1.365 víctimas de detención irregular». Deutsche Welle indica que los denunciantes piden que se active la competencia de la CPI para conocer los crímenes.

La denuncia de Cepeda fue acompañada por entidades como la organización Temblores. Otras que se sumaron fueron la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. Además están el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Corporación Orlando Fals Bord.

El País precisa que las imágenes de la brutalidad policial pueden derivar en una crisis diplomática. La comunidad internacional, incluyendo a ONU, UE y OEA, exige garantizar el derecho a la reunión pacífica y a la protesta. Blum la semana pasada sostuvo que rechazan «los pronunciamientos externos que no reflejan objetividad».

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