Contraloría cierra el paso a las armas no letales en municipios por tercera vez
La entidad reiteró que solo las policías pueden usar dispositivos de control del orden público. Los municipios solo podrán adquirir herramientas defensivas no coercitivas.
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El debate sobre seguridad municipal sumó un nuevo capítulo tras el dictamen emitido por la Contraloría General de la República, que reafirmó —por tercera vez en menos de una década— que los municipios no tienen atribuciones para comprar ni entregar a sus inspectores armas no letales, como taser o dispositivos de inmovilización.
La resolución, con fecha 24 de febrero de 2025, responde a una consulta realizada por la Municipalidad de La Cisterna, liderada por el alcalde Joel Olmos (Ind.), y ha generado repercusiones en distintos gobiernos locales que han impulsado el uso de este tipo de equipamiento para enfrentar situaciones de riesgo.
Aunque no es la primera vez que la Contraloría adopta esta postura, el fallo aparece en medio de una discusión activa en el Congreso sobre la futura Ley de Seguridad Municipal. En el Senado ya fue aprobada una indicación presentada por la senadora Paulina Vodanovic (PS), que permitiría a los funcionarios municipales portar ciertos elementos de defensa, como pistolas taser, gas pimienta y armas de aire comprimido, consigna La Tercera.
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No obstante, el dictamen del ente fiscalizador recuerda que el orden público es competencia exclusiva de Carabineros y la Policía de Investigaciones, como lo establece el artículo 101 de la Constitución. Los inspectores municipales solo pueden portar elementos defensivos, siempre que no tengan un uso coercitivo o disuasivo activo.
Una precisión destacada del fallo —y ausente en dictámenes anteriores de 2017 y 2021— es que la Contraloría reconoce sus propios límites para determinar qué dispositivos son considerados defensa personal. El organismo señala que “atendido su carácter eminentemente técnico y dada la ausencia de normas que regulen en específico dicho aspecto, corresponde a los órganos colegisladores la definición de tal tipo de asuntos”.
En ese sentido, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), quien había solicitado a la Contraloría pronunciarse sobre el uso del dispositivo BolaWrap, interpretó la resolución como una señal de que el Congreso debe zanjar el tema. “La CGR ha dicho que los municipios pueden adquirir herramientas o armas para sus guardias solo si la ley las identifica como elementos de defensa personal y no para el control del orden público”, comentó.
Aunque su consulta aún no tiene respuesta definitiva, lo cierto es que el nuevo dictamen cierra —una vez más— la puerta a iniciativas municipales que buscan ampliar las atribuciones de sus equipos de fiscalización. La discusión ahora se traslada al Congreso, donde el avance de la ley podría reconfigurar el margen de acción de los municipios en materia de seguridad.
Sin embargo, no todos los jefes comunales están a favor de acelerar este debate. Desde el mismo sector político, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), ha llamado a aplazar la discusión sobre el uso de armamento no letal, para evitar retrasos en la aprobación de la ley marco que fortalecerá a las direcciones de seguridad ciudadana.
