Durante este miércoles, el Ministerio de Transportes reingresó por tercera vez a la Contraloría el reglamento de la Ley que regula a las empresas de aplicaciones de transporte, conocida como Ley Uber.

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Mientras que, desde el sector privado, las empresas criticaron que las autoridades estarían contradiciendo el proyecto original, lo cual, según afirman, podría afectar la fuente de ingresos de miles de conductores.

El Ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, explicó que esta nueva versión busca que el Ministerio sea responsable de la confección y custodia de la base de datos que integrará el registro de las empresas de aplicaciones de transporte. Además, se modificó el límite de conductores que pueden vincularse a un vehículo, eliminando la restricción de tres conductores establecida en la versión anterior.

“Una vez que el reglamento se ha tomado de razón, como esperamos que lo sea, pasaríamos ya a la fase de implementación de la ley que comienza por ir recibiendo la información de todas las empresas que operan en nuestro país o que van a operar y que nos indiquen cuáles son sus vehículos, cuáles son sus conductores”, dijo.

En esa línea, explicó que “vamos a tener que hacer todos los chequeos, por ejemplo, que los conductores efectivamente estén habilitados para poder conducir, que tengan, por ejemplo, su registro de inmigración al día, si se trata de un inmigrante, que no haya sido condenado por delitos sexuales, que los vehículos cuenten al mismo tiempo con todas las garantías de que puedan poder brindar un buen servicio”, declaró Muñoz.

Críticas al reglamento

No obstante, representantes de las empresas de aplicaciones criticaron el nuevo reglamento, argumentando que, pese a haber mostrado disposición al diálogo. Verónica Jadue, gerenta de comunicaciones de Uber Chile, señaló que “más de dos años ha demorado el Ministerio de Transportes en confeccionar un reglamento para la ley EAT. Pese a tres intentos para sacar adelante este reglamento, en los que siempre estuvimos dispuestos al diálogo y compartimos múltiples argumentos técnicos, la autoridad ha elegido deliberadamente volver a contradecir la ley, haciendo cambios menores y cometiendo los mismos errores”.

“Esta versión, nuevamente atenta contra la fuente de ingresos de miles de socioconductores, limitará el acceso a soluciones de movilidad utilizadas en todo el país y pondrá en riesgo la información personal de usuarios y conductores, sin ninguna preocupación por los acuerdos internacionales que Chile suscribe”, destacó.

Durante los próximos días, la Contraloría deberá decidir si aprueba el nuevo reglamento presentado por el Ministerio de Transportes. De ser aprobada, tras la entrega de datos por parte de las empresas, la Ley Uber comenzará finalmente a regir en el país.