Cámara aprueba informe de la comisión investigadora por caso Monsalve: conclusiones apunta contra el Presidente Boric y genera críticas oficialistas
Diputados oficialistas rechazaron el informe opositor acusando que se extralimita al sugerir responsabilidades penales.
Agencia Uno / Mario Andrés Vergara Escobar
Tras un extenso debate, la comisión especial de la Cámara de Diputados, encargada de investigar el actuar de las autoridades frente a la denuncia de violación en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aprobó este lunes el informe elaborado por parlamentarios de oposición, con siete votos a favor, cinco en contra y una abstención.
El documento final, que será despachado a la Sala de la Cámara, apunta directamente al Presidente Gabriel Boric, el Ministerio de la Mujer, la exministra del Interior Carolina Tohá, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) por su accionar frente al caso. Esta conclusión generó un fuerte rechazo desde el oficialismo, cuyos diputados acusaron al informe opositor de extralimitarse en sus atribuciones, especialmente al sugerir responsabilidades penales, facultad que, según afirmaron, corresponde exclusivamente al Ministerio Público.
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La diputada Camila Musante (IND-PPD) criticó que el informe apuntara de manera generalizada a instituciones completas, como la PDI, enfatizando que la propuesta opositora era una “imputación liviana de responsabilidades” que excedía las facultades de la comisión. En la misma línea, Alejandra Placencia (PC) planteó que el documento contenía “afirmaciones subjetivas”, y llamó a eliminar consideraciones de carácter penal o administrativo.
Durante la sesión, la diputada Gloria Naveillán solicitó modificar el término “cómplices”, con que se había calificado a funcionarios públicos en la versión inicial del informe opositor, reemplazándolo por las palabras “negligente y deficiente”. Finalmente, esta propuesta fue aceptada por los autores del documento.
Entre los puntos adicionales que plantea el informe aprobado está la necesidad de fortalecer la fiscalización sobre los gastos reservados y establecer un protocolo claro de protección policial para altas autoridades. Asimismo, propuso normar la obligación de los funcionarios públicos de colaborar con las Comisiones Especiales Investigadoras (CEI), luego que Miguel Crispi, exasesor presidencial, se negara a responder interrogantes durante la investigación.
El informe oficialista, que fue rechazado, había cuestionado la conducción del diputado Miguel Mellado (RN), aunque coincidía en la necesidad de mejorar la coordinación ministerial frente a denuncias sobre delitos sexuales.
