VIDEO. Trump firma decreto para desmantelar el Departamento de Educación estadounidense
El decreto busca cumplir con promesas conservadoras históricas, pero enfrenta críticas por posibles efectos negativos en la educación pública.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves un decreto ejecutivo con el objetivo de iniciar el proceso para desmantelar el Departamento de Educación, cumpliendo una histórica aspiración conservadora. La medida, aunque simbólica y limitada por las atribuciones ejecutivas, genera incertidumbre sobre el futuro de millones de escuelas, estudiantes, padres y empleados federales.
Desde la Casa Blanca se aclaró que aunque se busca reducir considerablemente el tamaño del departamento, funciones esenciales como la administración de préstamos estudiantiles y Becas Pell continuarán siendo gestionadas desde esta agencia.
Reducción de funciones y despidos masivos
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el decreto instruye a la secretaria de Educación, Linda McMahon, a facilitar el cierre del departamento y transferir mayor autoridad educativa a los estados. Además, casi la mitad de los empleados del Departamento han sido notificados sobre posibles despidos, informa CNN.
Horas antes de firmarse el decreto, numerosos empleados recibieron instrucciones específicas sobre cómo recoger sus pertenencias personales, situación que generó desazón y malestar al interior del departamento.
Críticas desde diversos sectores
La medida fue rápidamente criticada por sindicatos de maestros y sectores opositores, que advirtieron sobre los efectos negativos que la reducción del departamento podría tener en la educación pública, especialmente en cuanto a servicios especiales y derechos civiles.
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Becky Pringle, presidenta de la Asociación Nacional de Educación, acusó al presidente Trump y a sectores conservadores de buscar desmantelar la educación pública en perjuicio de millones de estudiantes en todo el país.
Implicaciones y próximos pasos
Trump ha planteado transferir algunas responsabilidades, como la gestión de préstamos estudiantiles, a otras agencias federales, pero aún no se ha identificado una alternativa viable. La medida presidencial enfrenta potenciales desafíos legales que podrían frenar o complicar su implementación.