Falla de inhibidores en cárceles de Chile: la nueva disputa política que enfrenta el Gobierno tras el informe de Contraloría

La implementación de inhibidores de señal en cárceles chilenas vuelve a estar en el centro del debate tras la publicación de un informe de la Contraloría General de la República.

Según el documento dado a conocer el pasado miércoles, los dispositivos instalados en solo 10 de los 80 penales del país no están funcionando adecuadamente, permitiendo que los internos sigan usando celulares a través de redes wifi.

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El sistema de inhibición, que tuvo un costo de 5.600 millones de pesos, fue presentado en abril de 2023 como una herramienta clave para combatir delitos como estafas telefónicas desde los recintos penitenciarios.

Sin embargo, Contraloría advirtió que Gendarmería no ha sancionado a los proveedores por fallas en su implementación y anunció que realizará un examen de cuentas para evaluar la gestión del proyecto.

Las reacciones

El director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, defendió el sistema asegurando que los dispositivos bloquean los teléfonos que ingresan y que estos son retirados en allanamientos periódicos. “Cada vez que se produce el ingreso de celulares, los internos los usan de inmediato porque saben que instantes después serán bloqueados”, explicó.

Desde el Ministerio de Justicia, el titular de la cartera, Jaime Gajardo, sostuvo que le sorprendió la filtración del informe, ya que se trataba de un documento reservado. “El informe me llegó a las 7:30 de la tarde y, minutos después, ya estaba en poder de los medios de comunicación”, señaló, agregando que la información sobre el sistema de inhibidores es clave para la seguridad en los penales.

En el ámbito político, diputados de la UDI y Renovación Nacional que solicitaron el informe cuestionaron la eficacia del sistema. “Se suponía que era la mejor tecnología disponible, pero quedó demostrado que tiene problemas”, criticó el diputado Andrés Longton (RN).

El debate continuará en el Congreso, donde se espera que Gendarmería y el Ministerio de Justicia entreguen respuestas sobre el uso de estos inhibidores y las medidas para corregir las deficiencias detectadas.