Exministra Maya Fernández sobre acusación constitucional impulsada en su contra: “No se cumple con los requisitos para su discusión”
La nieta de Salvador Allende cuestionó la acusación en su contra, señalando errores de interpretación y advirtiendo una falta de coherencia en la labor parlamentaria.
10 de mayo 2024 / SANTIAGO La ministra de defensa Maya Fernandez habla en punto de prensa luego de la reunion con el general Javier Iturriaga, comandante en jefe del ejército y el presidente de la republica. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO
Santiago de Chile
La exministra de Defensa, Maya Fernández, presentó su respuesta a la acusación constitucional impulsada en su contra por parlamentarios de oposición debido a la fallida compra de la casa de su abuelo, el expresidente Salvador Allende.
En su escrito, afirma que la acción es un “uso indebido de la acusación constitucional” y que “no se cumple con los requisitos constitucionales para su discusión”.
Fernández sostiene que los diputados acusan erróneamente una vulneración al artículo 37 bis de la Constitución, al interpretar que la fallida compra de la casa en Guardia Vieja equivale a un contrato con el Estado.
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“Su error está en asimilar al Estado a un particular y presentar que la simple firma de la escritura pública ante notario bastaría para destituir a la ex ministra", indica el documento.
Hechos en los que no tuve responsabilidad
El escrito también señala que la acusación imputa hechos en los que Fernández no tuvo responsabilidad directa. “Cuestionan la validez del Decreto Supremo Nº 38, del Ministerio de Bienes Nacionales (...). Este decreto no corresponde a un hecho personal de parte de doña Maya Fernández“, explica la defensa.
Asimismo, advierte un “vicio conceptual grave” al aplicar responsabilidad objetiva sin acreditar dolo o negligencia.
“La jurisprudencia de la Cámara de Diputados ha sido categórica en aplicar únicamente responsabilidad por hechos culpables o dolosos", menciona, citando los casos de Harald Beyer en 2013 y Luis Bates en 2004.
Finalmente, subraya que la acusación avanza en paralelo a la Comisión Especial Investigadora que analiza el mismo tema desde el 10 de marzo, lo que evidencia una falta de “coherencia en el actuar de la Corporación".
