Fiscal Nacional sobre informe de Contraloría de fallas en inhibidores de señal telefónica en cárceles: “Lo importante es reconocer las debilidades”
En la misma instancia explicó que a nivel latinoamericano existe un gran problema con el sistema penitenciario.
Agencia Uno / FRANCISCO PAREDES
La Contraloría General de la República (CGR) iniciará una investigación detallada en Gendarmería debido a graves fallas en el sistema de bloqueo de señales telefónicas en las cárceles de Pedro Montt, que incluyen la ex Penitenciaría, Santiago 1 y el Penal de Alta Seguridad.
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Estas irregularidades se encuentran documentadas en el Informe Reservado 642, con fecha del 18 de marzo de 2025, al que tuvo acceso el programa Informe Especial, de TVN.
En concreto, el informe detalla los problemas del proyecto de más de 5.600 millones de pesos, lanzado en 2024, para bloquear las comunicaciones ilegales dentro de las cárceles.
Sin embargo, la Contraloría descubrió que, a pesar de la implementación del sistema, los reclusos siguen usando teléfonos móviles y, aunque sus dispositivos estén en una “lista negra”, pueden navegar por internet y evadir las restricciones.
“Es inevitable”
Con respecto a esto, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, dijo que: "Es inevitable que cuando se han desplegado esfuerzos para poder contener la actividad de las personas que están privadas de libertad, estas busquen seguir realizando sus actividades desde el interior", señaló.
Ante la insistencia para abordar el tema, el persecutor agregó que: “lo importante es que las autoridades encargadas de estos casos tomen las lecciones del caso, reconozcan las debilidades y hagan mejoras”, enfatizó.
En la misma instancia, explicó que a nivel latinoamericano existe un gran problema con el sistema penitenciario, ya que en lugar de propiciar que quienes cumplen condena se puedan reinsertar, es foco para que nazcan más bandas delictuales.
“Los fiscales llegan a acuerdo para que esto se realice”
Valencia también se refirió a la invitación de la Fiscalía al Presidente Boric a declarar como imputado en el caso de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. “Nuestra ley establece que la situación de un presidente de la república, para prestar declaración, tiene que ser practicada previa orden judicial”, detalló.
“Sin embargo, cuando las autoridades han manifestado su intención a cooperar e incluso a renunciar, los fiscales llegan a acuerdo para que esto se realice”, concluyó.
