Contraloría abre investigación tras detectar graves fallas en inhibidores de señal para teléfonos en cárceles
La entidad fiscalizadora indagará esta situación que significó una millonaria inversión.
La Contraloría General de la República (CGR) iniciará una investigación detallada en Gendarmería debido a graves fallas en el sistema de bloqueo de señales telefónicas en las cárceles de Pedro Montt, que incluyen la ex Penitenciaría, Santiago 1 y el Penal de Alta Seguridad.
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Estas irregularidades se encuentran documentadas en el Informe Reservado 642, con fecha del 18 de marzo de 2025, al que tuvo acceso el programa Informe Especial, de TVN.
En un informe de 81 páginas, la CGR expone los problemas del proyecto, que tuvo un costo para el gobierno de más de $5.600 millones de pesos y fue promocionado en abril de 2024 como un sistema de alta seguridad para inhibir las comunicaciones desde el interior de las cárceles. Este sistema, denominado “sistema guardián”, fue contratado por un período de 36 meses.
A pesar de la implementación del sistema, la Contraloría descubrió que los internos continúan utilizando teléfonos móviles dentro de las cárceles y, aunque estén en la “lista negra” del inhibidor de señales, pueden conectarse a internet sin restricciones y eludir el sistema.
La entidad fiscalizadora iniciará una investigación detallada en Gendarmería debido a graves fallas en el sistema de bloqueo de señales telefónicas en las cárceles de Pedro Montt, que incluyen la ex Penitenciaría, Santiago 1 y el Penal de Alta Seguridad.
Contraloría investiga millonario proyecto que no impide uso de celulares en cárceles de alta seguridad
El informe señala que: “Durante la inspección, se detectaron situaciones como el acceso a internet de teléfonos móviles en la lista negra, a través de redes Wi-Fi o tarjetas SIM no bloqueadas, y dispositivos bloqueados que recuperan la conectividad en intervalos irregulares”.
Asimismo, destacó que el servicio contratado, adjudicado a las empresas israelí Septier Communication y chilena TIER 1, presenta importantes “vulnerabilidades en su funcionamiento” y que no se consideraron ciertas situaciones al elaborar las especificaciones del contrato.
Estas deficiencias permiten a los internos comunicarse con el exterior
Es por ello que los auditores de Contraloría consideran que estas deficiencias permiten a los internos comunicarse con el exterior de las cárceles mediante telefonía móvil e internet.
Por otra parte, Gendarmería reconoció que las antenas de telefonía móvil cercanas a las cárceles interfieren con las señales de bloqueo del sistema, mejorando la recepción de la señal y permitiendo la conexión a la red incluso para los dispositivos bloqueados.
Junto con ello, señalaron que los internos han desarrollado métodos para eludir el sistema, como desactivar el GPS de los dispositivos, cambiar frecuentemente las tarjetas SIM, encender y apagar los teléfonos móviles, clonar el número de identificación IMEI y utilizar redes Wi-Fi cercanas, como las del Ministerio Público y la Defensoría, que el sistema de inhibición no puede bloquear.
A pesar de las deficiencias, el informe revela que Gendarmería realizó los pagos por el servicio, incluso cuando el sistema no estaba operativo. En agosto de 2024, pagaron más de $471 millones de pesos por el servicio prestado entre abril y julio.
Los pagos se realizaron bajo la premisa de que la empresa contratada cumplió con el estándar mínimo del 85% de bloqueo de dispositivos en las cárceles.
Desde la Unidad de Tecnovigilancia y Radiocomunicaciones de Gendarmería informaron que “no tiene la capacidad para verificar si el porcentaje de cumplimiento informado por la empresa es correcto, ya que no están obligados a realizar un análisis completo de los datos generados por el sistema, dado que el contrato es por un servicio”, recogieron desde el medio antes mencionado.
