Corte de Apelaciones ordena prisión preventiva para dos carabineros imputados por extorsión y cohecho en Melipilla
Los funcionarios habrían exigido dinero a conductores bajo amenazas de detención.
Corte de Apelaciones ordena prisión preventiva para dos carabineros imputados por extorsión y cohecho en Melipilla / Oscar Guerra
La Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó este viernes 7 de marzo la prisión preventiva de los carabineros A.D.P.B. y C.A.P.F., imputados por los delitos de extorsión, cohecho y amenazas condicionales, presuntamente cometidos en enero de 2024 en la comuna de Melipilla.
El fallo revoca la decisión del Juzgado de Garantía de Melipilla, que en una audiencia previa había rechazado la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público. La Tercera Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros María Carolina Catepillán Lobos, María Teresa Díaz Zamora y Carlos Farías Pino, determinó que la libertad de los imputados representa “un peligro para la seguridad de la sociedad”.
Detalles del fallo y hechos investigados
Según el Ministerio Público, los hechos ocurrieron entre el 5 y el 12 de enero de 2024 y afectaron a conductores de transporte de pasajeros en la comuna de Melipilla, quienes fueron víctimas de extorsión y amenazas por parte de los carabineros.
El 5 de enero de 2024, alrededor de las 21:30 horas, la víctima F.D.G., ciudadano boliviano, fue fiscalizado en la intersección de Fleck con Hurtado por los imputados. En ese contexto, el cabo C.A.P.F. le sustrajo $1.200.000 en efectivo, mientras que el teniente A.D.P.B. revisó sus documentos y, pese a que el conductor no tenía licencia profesional, no lo detuvo debido al dinero sustraído.
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Tres días después, el 8 de enero, en un estacionamiento de Melipilla, el mismo cabo C.A.P.F. volvió a interceptar a F.D.G., exigiéndole $40.000 bajo la amenaza de detenerlo si no accedía al pago.
El mismo día, otra víctima, R.Z.A., también de nacionalidad boliviana, fue fiscalizada en Camino Viejo con calle Ortúzar. En esta ocasión, el teniente A.D.P.B. le informó que tenía una causa judicial pendiente y que sería detenido por 21 días, a menos que entregara dinero. Inicialmente, R.Z.A. ofreció $300.000, pero los imputados rechazaron la cifra y acordaron finalmente el pago de $1.500.000.
Los carabineros se trasladaron al domicilio de R.Z.A. para retirar el dinero, donde este logró entregar $950.000 y, posteriormente, consiguió $50.000 adicionales para completar el pago.
Días después, el 12 de enero, el teniente A.D.P.B. llamó a la pareja de R.Z.A., L.C.Q., exigiendo los $500.000 faltantes, advirtiéndole que si no pagaba, su pareja sería detenida.
Corte ordena prisión preventiva y argumenta “peligro para la sociedad”
En su resolución, la Corte de Apelaciones de San Miguel argumentó que la libertad de los imputados representa un riesgo para la seguridad pública, considerando sus cargos al momento de los delitos, la forma en que actuaron y la gravedad de los ilícitos.
“Se revoca la resolución apelada dictada en la audiencia de seis de marzo de 2025 por el Juzgado de Garantía de Melipilla, que denegó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público y se declara que los imputados quedan sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva”, sostiene el fallo.
Con esta decisión, ambos funcionarios de Carabineros permanecerán en prisión preventiva mientras avanza la investigación, que busca determinar la responsabilidad penal de los acusados en los hechos denunciados.
