Contraloría solicita informes al Gobierno por curso sobre “violencia de Estado” financiado por fondo nacional: fueron durante el estallido social
El organismo fiscalizador exige detalles sobre objetivos, presupuesto y ejecución de la iniciativa, financiada por el Fondecyt.
27 de Mayo del 2021/ SANTIAGO Fachada Contraloria General de la República FOTO: DIEGO MARTIN /AGENCIAUNO
Santiago de Chile
La Contraloría General de la República solicitó información al Ministerio de Ciencia y a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) sobre la “Escuela de Formación en Prácticas de Acompañamiento y Elaboración de la Violencia de Estado”, financiada con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fodecyt).
La solicitud se emitió tras la controversia generada por el enfoque del curso sobre la violencia estatal durante el estallido social de octubre de 2019.
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Según la inscripción realizada en enero, el curso afirmaba que “durante la revuelta social iniciada el 18 de octubre de 2019, la represión estatal hacia la población civil movilizada incluyó el uso desproporcionado de la fuerza, generando múltiples afectaciones físicas, psicológicas y comunitarias en el tejido social”.
También señalaba que “la criminalización de la protesta y el desplazamiento discursivo (…) ha transformado a las víctimas en victimarios, reforzando la exclusión y perpetuando la impunidad y el negacionismo”.
Deben responder en 5 días hábiles
El objetivo era ser “un espacio de aprendizaje y reflexión colectiva” para “enfrentar, documentar y reparar las consecuencias de la violencia de Estado en contextos contemporáneos”. La polémica surgió por el uso de fondos públicos en un proyecto con una interpretación específica de los hechos de 2019.
Contraloría solicitó detalles sobre los proyectos asociados, objetivos de la escuela, presupuesto utilizado, periodo de ejecución y rendiciones de cuentas. También pidió información sobre la organización a cargo, el programa del curso y los docentes involucrados.
El Ministerio de Ciencia y la ANID deben responder en un plazo de 5 días hábiles desde la recepción del oficio.
