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Pasaporte a la venta: Este es el pequeño país que vive de entregar ciudadanía

Desde 1993, el país ha vendido miles de nacionalidades a cambio de inversiones millonarias, desatando debates sobre desigualdad y seguridad.

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Getty IMages / Peter Garrard Beck

Hace siete años, el huracán María arrasó la isla caribeña de Dominica, dejando a la nación sin electricidad, con un suministro de agua interrumpido durante meses y con sus comunicaciones paralizadas. Ante la crisis, el gobierno recurrió a una estrategia que ya había usado antes: la venta de ciudadanías a extranjeros a cambio de inversiones.

El Programa de Ciudadanía por Inversión, implementado en 1993, se convirtió tras el desastre en una fuente clave de financiamiento para la reconstrucción de la isla. De acuerdo con un informe del Proyecto de Denuncia de Delitos Organizados y Corrupción (OCCRP), este esquema generó más de 1.200 millones de dólares entre 2017 y 2020, representando una parte significativa del PIB del país.

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El gobierno dominicano ha defendido el programa asegurando que se han fortalecido los controles y que la iniciativa permite atraer inversores que contribuyen al desarrollo de la isla, informa BBC Mundo.

¿Cómo se compra la ciudadanía de Dominica?

Actualmente, hay dos formas de obtener la nacionalidad a través de este programa:

  • Contribución directa al Fondo de Diversificación Económica con un mínimo de 100.000 dólares.
  • Inversión en bienes raíces aprobados por el gobierno, con un mínimo de 200.000 dólares.

Los nuevos ciudadanos pueden desarrollar negocios en la isla y acceder con mayor facilidad al sistema financiero internacional, además de obtener entrada a países como Estados Unidos y la Unión Europea sin necesidad de visa.

Sin embargo, según la investigadora Kristin Surak, profesora de la London School of Economics, Dominica ha pasado a depender cada vez más de este programa, y no está claro si todo el dinero recaudado realmente se destina al desarrollo del país.

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Críticas y preocupaciones internacionales

Pese a los beneficios económicos, el programa ha sido objeto de críticas internacionales, especialmente por preocupaciones de seguridad y lavado de dinero.

  • La Unión Europea advirtió en 2023 que algunos países que venden ciudadanías facilitan el tráfico ilícito y propuso la suspensión de sus acuerdos de libre visado.
  • El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que la ciudadanía por inversión pone en riesgo la estabilidad económica de Dominica al depender de flujos financieros volátiles.
  • Una investigación del OCCRP reveló que algunos ciudadanos adquirieron el pasaporte de Dominica y, posteriormente, fueron investigados, acusados o condenados por delitos en otros países.

La respuesta del gobierno dominicano

El primer ministro Roosevelt Skerrit ha defendido el programa, argumentando que los controles han sido reforzados y que se excluyen automáticamente los solicitantes con antecedentes penales, aquellos que han mentido en sus postulaciones o quienes han sido rechazados en otras solicitudes de ciudadanía o visa.

Asimismo, se han impuesto restricciones adicionales para ciudadanos de países como Bielorrusia, Irán, Rusia, Corea del Norte y Sudán, entre otros.

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Skerrit ha enfatizado que el país no puede ser responsabilizado por crímenes cometidos por ciudadanos luego de obtener su nacionalidad, afirmando:

“Si alguien se convierte en ciudadano hoy y mañana comete un delito, no se puede culpar al programa por eso.”

A pesar de estos esfuerzos, Dominica sigue siendo uno de los países más dependientes del comercio de ciudadanía, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad de su modelo económico.

Desigualdades y dilemas éticos

Más allá del debate sobre seguridad, la académica Kristin Surak plantea que la venta de ciudadanías evidencia profundas desigualdades en el acceso a la movilidad global.

“El lugar donde naces no lo eliges, pero la riqueza sí permite comprar un pasaporte. También muestra la desigualdad entre los pequeños países y las grandes potencias, que tienen más recursos y opciones.”

Con su economía cada vez más atada a este sistema, Dominica enfrenta el desafío de equilibrar su desarrollo económico con los riesgos que implica vender la nacionalidad al mejor postor.

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