Exministra Marcela Sandoval declara ante fiscalía en calidad de imputada por fallida compra-venta de la casa de Allende
La ex jefa de la cartera de Bienes Nacionales no siguió la línea de Maya Fernández e Isabel Allende, quienes guardaron silencio, y declaró durante un poco más de tres hora frente al Ministerio Público.
Ex ministra Marcela Sandoval declara ante fiscalía en calidad de imputada por fallida compra-venta de la casa de Allende
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La exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, compareció el día de hoy ante el Ministerio Público en calidad de imputada, en el marco de la investigación por la fallida compra de la casa que fuera hogar del expresidente Salvador Allende. Luego su declaración, la defensa de la ex autoridad señaló que reafirman “su compromiso con la transparencia y colaboración activa con la justicia para el esclarecimiento de los hechos”.
Por otro lado, la ministra de Defensa, Maya Fernández, también en calidad de imputada, optó por guardar silencio durante su declaración ante el Ministerio Público, realizada ayer. La senadora Isabel Allende, quien compareció hoy, siguió el mismo camino al hacer uso de su derecho a guardar silencio. Estas decisiones se enmarcan en la estrategia de defensa en un caso que ha generado amplio debate público y político.
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Según Francisca Millán, abogada de Sandoval, la exministra considera que asumir un cargo público implica enfrentar el escrutinio ciudadano con responsabilidad. “Este proceso es una oportunidad para fortalecer la confianza en las instituciones y aportar claridad en el ámbito público”, declaró Millán, destacando que la defensa buscará demostrar que Sandoval cumplió con los estándares de transparencia y rendición de cuentas esperados de una autoridad.
El caso
La fallida operación, que involucraba la adquisición por parte del Estado de una propiedad de la familia Allende para convertirla en un museo, quedó en el centro de la polémica tras revelarse que el contrato había sido firmado por Isabel Allende y Maya Fernández, ambas herederas del expresidente, lo que generó cuestionamientos éticos y legales. La operación fue cancelada por el gobierno tras la controversia pública, y el caso ha derivado en una investigación judicial.
La decisión de las imputadas de no entregar declaraciones durante sus comparecencias subraya la complejidad de este caso, que ha puesto en el foco la ética en la gestión pública y los límites entre los intereses privados y las funciones del Estado.
