Abogado de la familia Ronald Ojeda llama a “la intervención de organismos internacionales” tras declaraciones del fiscal jefe ECOH
El coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios, Héctor Barros, aseguró en ADN Hoy que el asesinato del exteniente venezolano tuvo un “móvil político” y vinculó el crimen al régimen de Nicolás Maduro.

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Las recientes declaraciones del fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur y coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, quien aseguró en ADN Hoy que el asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda tuvo un “móvil político” vinculado al régimen de Nicolás Maduro, llevaron al abogado de la familia del fallecido, Juan Carlos Manríquez, a considerar la intervención de organismos internacionales.
El persecutor detalló que el homicidio no fue un caso de extorsión común del Tren de Aragua, sino un sicariato con implicancias políticas.
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“Lo que podemos sostener con base en la investigación es que detrás del crimen de Ronald Ojeda está el gobierno venezolano”, afirmó el fiscal, agregando que el activista había participado en intentos de golpe de Estado contra el régimen de Maduro.
¿Qué planteó el abogado?
Ante estos antecedentes, el abogado Manríquez expresó que es necesario revisar la nueva información entregada por Héctor Barros y evaluar las acciones legales pertinentes.
“Cuando se trata de una intervención de un gobierno, como dice el señor fiscal jefe de ECOH, eso supone también la intervención de organismos internacionales, como la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eventualmente la Corte Interamericana”, señaló el representante de la familia de Ojeda a La Tercera.
Asimismo, el jurista no descartó recurrir a la Corte Penal Internacional (CPI). “En casos de delitos de lesa humanidad, tortura, tratos inhumanos o persecuciones, como los que podrían estar involucrados aquí, la CPI tiene competencia según el Estatuto de Roma”, sostuvo.
Ronald Ojeda, un opositor activo al régimen de Nicolás Maduro, fue secuestrado en febrero de 2024 por un grupo caracterizado como detectives de la PDI. Su cuerpo fue hallado días después dentro de una maleta en un campamento de Maipú, un crimen que, según el fiscal Barros, fue ejecutado con precisión y preparación inusuales, presuntamente bajo órdenes del gobierno venezolano.