Tribunal emite la orden de detención del destituido presidente de Corea del Sur
El texto aprobado contra Yoon Suk Yeol incluye los cargos de orquestar una insurrección y abusar del poder. Los analistas estiman que el líder derechista asistirá a su interrogatorio.
Seúl de Corea del Sur
Un tribunal de la justicia de Corea del Sur emitió una orden de detención del suspendido presidente Yoon Suk Yeol, quien fuera destituido por la Asamblea Nacional por aplicar la fallida ley marcial. La decisión transforma al líder derechista del Partido de Poder Popular (PPP) en el primer mandatario en enfrentar un pedido oficial de captura. La situación se produjo luego que el exgobernante incumpliera en tres ocasiones su asistencia al interrogatorio que debía enfrentar ante el equipo de investigadores de la Oficina de Investigación de la Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO).
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Por esa razón los agentes del CIO recurrieron ante la justicia surcoreana para que se detenga a Yoon Suk Yeol bajo los cargos de insurrección y abuso de poder. El Tribunal del Distrito Occidental de Seúl emitió la orden de captura del destituido presidente, documento que es válido solamente por una semana. La instancia también autorizó una orden de registro de la residencia del exmandatario, ubicada en el distrito de Yongsan de la capital Seúl.
Un funcionario de la CIO dijo a la Agencia Yonhap que una vez que el expresidente fuera detenido, las autoridades pudieran mantener bajo custodia en el Centro de Detención de Seúl, en la ciudad de Uiwang. La misma fuente puntualizó que el objetivo “principal” es llevar a cabo la captura de Yoon Suk Yeol. El suspendido mandatario puede quedar bajo arresto por 48 horas antes que la agencia decida pedir la extensión de la orden, interrogarlo o dejarlo libre.
La defensa de Yoon Suk Yeol emitió un comunicado calificando de “ilegal e inválida” la orden de detención, asegurando que el organismo investigador no posee jurisdicción en el tema. En la prensa local consideran que la CIO enfrentará dificultades para acercarse al exgobernante, toda vez que el Servicio de Seguridad Presidencial ha impedido a los investigadores entrar al complejo de la oficina presidencial y a su residencia oficial.