Auditoría externa revela que en Las Condes se gastaron $45 mil millones en pagos de horas extra entre 2018 y 2023
El análisis financiero, elaborado por la consultora Fortunato y Asociados, reveló deficiencias en la supervisión de remuneraciones y el manejo de recursos públicos.
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Auditoría externa revela que en Las Condes se gastaron $45 mil millones en pagos de horas extra entre 2018 y 2023 / JESÚS MARTÍNEZ/AGENCIA UNO
Santiago
Una auditoría externa encargada por la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, reveló importantes irregularidades financieras en la gestión municipal entre 2018 y 2023, período en el que Joaquín Lavín y Daniela Peñaloza estuvieron al mando.
Según La Tercera, el informe realizado por la consultora Fortunato y Asociados, destacó que un 23,96% del costo total de las remuneraciones se destinó al pago de horas extras, alcanzando un total de $45.688 millones. En seis años, se registraron más de 6.311.999 de horas extras, distribuidas entre el 94,69% de los funcionarios municipales.
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En promedio, cada funcionario recibió el equivalente a 86,89 horas extras mensuales, lo que llevó a los auditores a cuestionar el carácter “eventual” de estos pagos, planteando que podrían haberse convertido en un complemento fijo de los salarios.
Además, el análisis se extendió a las corporaciones municipales, donde se identificaron problemas significativos en la rendición de cuentas.
Necesidad de revisión a las corporaciones municipales
Uno de los casos más destacados corresponde a la Corporación del Teatro Municipal de Las Condes, que a diciembre de 2023 acumulaba subvenciones pendientes de justificar por $6.579 millones, equivalentes al 82,68% de los recursos entregados a diez entidades, como la Corporación Cultural de Las Condes y la Fundación Teatro Municipal.
El informe también alertó sobre la necesidad de revisar las prácticas financieras de estas corporaciones municipales, para garantizar un uso adecuado de los recursos públicos.
La auditoría, que responde al compromiso de San Martín con la transparencia, plantea dudas sobre los controles internos de la gestión anterior y abre la puerta a posibles medidas legales o administrativas.