Viuda de Eugenio Naín acusa al Estado de falta de servicio en demanda judicial y solicita indemnización millonaria
Dahianna Pereira, pareja del fallecido carabinero, argumenta que el uniformado carecía de equipo esencial, como lo es un casco, chaleco antibalas y vehículo blindado.
Viuda de Eugenio Naín acusa al Estado de falta de servicio en demanda judicial y solicita indemnización millonaria / Sebastian Beltran Gaete
Santiago
Dahianna Pereira, viuda del suboficial mayor de Carabineros Eugenio Nain Caniumil, ha presentado una demanda contra el Estado chileno, acusándolo de falta de servicio en relación con el homicidio de su esposo.
Pereira sostiene que Nain no contaba con el equipo de seguridad adecuado en el momento de su asesinato, señalando específicamente la ausencia de casco, chaleco antibalas y vehículo blindado.
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El trágico incidente ocurrió hace cuatro años, cuando Nain fue asesinado a tiros mientras respondía a un llamado en el kilómetro 682 de la Ruta 5 Sur, cerca de Padre Las Casas, región de La Araucanía.
Desde entonces, solo Luis Tranamil ha sido condenado a 32 años de prisión por su implicación en el crimen, mientras que los otros dos acusados, Francisco Javier Painevilo Maldonado y Carlos Esteban Cancino Tapia, siguen prófugos.
Solicita millonaria indemnización
Según Radio Bio Bio, Pereira, acompañada por el abogado Luis Candia, ha solicitado una indemnización de $900 millones para ella y sus dos hijos menores de edad. Candia presentó la demanda en representación de la familia, argumentando que la falta de equipo adecuado expuso innecesariamente a Nain a un riesgo fatal.
Tras el veredicto del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, Pereira expresó su alivio, diciendo: “Algo se liberó y lo único que pienso es en mi hija, en mi hijo, que mi hijo sí sufrió, fue una pelea dura por él. Y ahora puedo llegar a la casa y decirle: tu papá por fin tuvo justicia, abrazarlo”.
La muerte de Nain, junto con la del sargento Carlos Retamal, llevó al Congreso a aprobar una ley que lleva sus apellidos, destinada a mejorar la protección de los funcionarios policiales durante el desempeño de sus labores.
