Defensoría Penal Pública asume oficialmente representación de Manuel Monsalve en caso por violación
El cambio ocurre tras desacuerdos en su defensa anterior; la DPP logró postergar diligencias clave para acceder a la carpeta investigativa.
Defensoría Penal Pública asume oficialmente representación de Manuel Monsalve en caso por violación / Diego Martin
La Defensoría Penal Pública (DPP) asumió este lunes la representación legal de Manuel Monsalve en la causa por violación en su contra, tras desacuerdos y renuncias en su defensa anterior. El exsubsecretario del Interior ha enfrentado múltiples cambios en su estrategia legal desde que la presunta víctima presentó la denuncia en octubre.
El abogado Víctor Providel Labarca, defensor Local Jefe de Santiago, será ahora el encargado de liderar la defensa de Monsalve. Uno de los primeros movimientos de Providel fue aplazar el alza del secreto bancario solicitado por la Fiscalía Regional Centro Norte para revisar antecedentes financieros relacionados con la investigación. La decisión busca permitir a la nueva defensa acceder a la carpeta investigativa y coordinarse con el imputado.
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La investigación, liderada por los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir, incluye una arista por el uso de gastos reservados. En particular, se indaga si Monsalve utilizó estos recursos para pagar un taxi y una cuenta de $118 mil en un restaurante, ambos vinculados a los hechos bajo investigación.
El fiscal Jacir argumentó que el levantamiento del secreto bancario es esencial para determinar la presunta participación de Monsalve en la apropiación indebida de fondos públicos. Sin embargo, el juez Cristián Sánchez rechazó inicialmente la solicitud, señalando que esta medida solo procede si el imputado se niega a colaborar injustificadamente.
La DPP reemplaza a un equipo que sufrió varias bajas, incluyendo a los abogados Lino Disi, Cristián Arias y María Inés Horvitz, quienes dejaron el caso por “disparidad de criterios” sobre la estrategia legal. Monsalve, quien ha optado por no continuar con una defensa privada, enfrenta acusaciones que incluyen violación y malversación de fondos públicos.
