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Tribunal decreta prisión preventiva para miembros del Tren de Aragua vinculados a red de explotación sexual infantil

De acuerdo a Fiscalía, la agrupación operaba de manera transnacional, con líderes ubicados en Venezuela y operadores locales en Chile.

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Agencia Uno Referencial

Agencia Uno Referencial / Diego Martin

El Tribunal de Garantía decretó prisión preventiva para los cuatro detenidos en la investigación sobre una red de trata de personas y explotación sexual vinculada al Tren de Aragua, desarticulada en la región Metropolitana.

Según el fiscal Sergio Soto, de la Fiscalía de Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), la audiencia de formalización acreditó delitos como asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico de inmigrantes y homicidio calificado.

“La prisión preventiva se dictó por peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas. El plazo de investigación será de 240 días”, informó el persecutor.

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La red operaba de manera transnacional, con líderes ubicados en Venezuela y operadores locales en Chile. Según explicó el fiscal, las mujeres eran trasladadas a Chile bajo falsas promesas laborales y obligadas a ejercer comercio sexual para pagar una deuda inicial de cinco millones de pesos, denominada “multa”. Esta suma debía abonarse mediante cuotas semanales de $300.000, que incluían costos de alojamiento y alimentación.

Mecanismo de explotación

Las víctimas eran contactadas en sus países de origen y trasladadas por rutas terrestres o pasos fronterizos irregulares. Una vez en Chile, los servicios sexuales se ofrecían a través de páginas web administradas por ciudadanos venezolanos denominados “Llaveros”. Estos coordinaban los encuentros con clientes chilenos, mientras taxistas asociados a la red trasladaban a las víctimas.

El incumplimiento de los pagos implicaba castigos físicos, como torturas y privaciones, además de amenazas constantes. Las mujeres tampoco podían establecer relaciones personales no aprobadas por la organización y debían rendir cuentas estrictas de sus ingresos.

Menores de edad involucradas

La investigación identificó que entre las víctimas había menores con documentos falsificados. “Al menos cinco serían menores de 18 años, aunque aún no podemos corroborarlo oficialmente”, afirmó Soto.

El fiscal confirmó la apertura de una línea de investigación para identificar a “clientes” involucrados en la explotación de menores, delito sancionado en Chile. También señaló que varios inmuebles eran utilizados como residencias o centros de tortura para las víctimas.

La Fiscalía continúa trabajando en identificar a otros miembros de esta red, muchos de los cuales operan bajo identidades falsas en Chile. La complejidad del caso evidencia el alcance del Tren de Aragua y su capacidad para vulnerar las fronteras nacionales.

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