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Ministro de Justicia tras decapitación de reo en Biobío: “En Chile los internos no tienen el control de los penales”

Entre las medidas adoptadas, el secretario de Estado mencionó avances en infraestructura penitenciaria y la implementación de inhibidores de telefonía celular en un 20% de la población penal.

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Agencia Uno

Agencia Uno / SEBASTIAN RIOS

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, entregó este martes detalles de las acciones adoptadas tras el asesinato de un reo en el Penal Biobío, en Concepción. El hecho, ocurrido en el Módulo 42, fue calificado por las autoridades como un caso inédito en el sistema penitenciario chileno.

“El día de ayer dispusimos varias medidas inmediatas. El subsecretario de Justicia y el director nacional de Gendarmería se trasladaron al penal, donde se inició un sumario administrativo para esclarecer los hechos. Esta investigación se llevará a cabo con la mayor celeridad posible para determinar las motivaciones del agresor y evaluar la necesidad de nuevas acciones”, señaló el secretario de Estado desde La Moneda.

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El ministro destacó que se reforzarán los turnos nocturnos en las cárceles del país, una medida orientada a prevenir eventos similares en el futuro. Además, reiteró que el Estado mantiene el control de los recintos penitenciarios, a pesar de las críticas de diversos sectores políticos y expertos.

En nuestro país no ocurre lo que ocurre en otros países de la región, donde quienes administran el establecimiento penitenciario son los propios internos y el Estado después tiene que ir a retomar el control de esa cárcel. Y eso lo hemos visto muy recientemente en varios países de la región. Eso en nuestro país no ocurre”, explicó.

En el lugar del crimen se encontraron una biblia y símbolos satánicos, lo que, según el presunto agresor, estaría relacionado con un ritual. En esa línea, el titular de Justicia calificó el caso como “grave y escabroso” y destacó que es inusual en las cárceles chilenas.

Entre las medidas adoptadas, el ministro mencionó avances en infraestructura penitenciaria, una flota de vehículos blindados para traslados de alto riesgo y la implementación de inhibidores de telefonía celular en un 20% de la población penal, con planes de ampliar este alcance al 50% en 2025.

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