Cinco detenidos por ataques incendiarios enfrentan formalización en La Araucanía: Fiscalía busca prisión preventiva
Los operativos liderados por la PDI apuntan a desarticular grupos armados vinculados a la CAM, mientras el gobierno insiste en el diálogo como alternativa al conflicto.
Cinco detenidos por ataques incendiarios enfrentan formalización en La Araucanía
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Santiago
En el Juzgado de Garantía de Purén, región de La Araucanía, continúa la audiencia de control de detención y formalización de cinco comuneros mapuches, aprehendidos en operativos realizados por la Prefectura Macro Zona Sur de la Policía de Investigaciones (PDI). Estas acciones están relacionadas con una investigación por ataques incendiarios registrados desde la región del Biobío hasta Los Lagos.
Las detenciones se concretaron tras allanamientos en domicilios rurales del sector Selva Oscura, en la comuna de Victoria, y en un área urbana de Pitrufquén. Entre los hechos indagados se incluye un ataque que destruyó infraestructura del fundo del diputado Jorge Rathgeb (RN) en la ruta entre Traiguén y Los Sauces.
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El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, explicó que las diligencias forman parte de una estrategia coordinada con la PDI para enfrentar a grupos armados en zonas rurales. “Esta es una diligencia en contra de la organización Coordinadora Arauco Malleco (CAM), donde ya hemos tenido otros resultados positivos como la detención y juzgamiento de su líder”, señaló.
Por su parte, el delegado presidencial Eduardo Abdala hizo un llamado al diálogo, condicionado a que cesen los actos violentos. “Lo que esta región necesita es mucho más diálogo, mucho más encuentro, mucho más acuerdo. Instamos a que depongan estas acciones que son acciones de violencia”, manifestó.
La Fiscalía busca la prisión preventiva para los detenidos, argumentando su presunta responsabilidad en ataques registrados en la provincia de Malleco. El caso se inscribe en un contexto de alta tensión en el sur del país, donde las autoridades han reforzado las acciones judiciales contra organizaciones vinculadas a actos de violencia rural.
