Diputados despachan al Senado proyecto que prohíbe ejercer cargos públicos a condenados por delitos contra la probidad
Entre las propuestas desestimadas se encuentra una indicación que buscaba decretar la pérdida de la ciudadanía para los condenados por malversación, fraude al fisco y cohecho.
Diputados despachan al Senado proyecto que prohíbe ejercer cargos públicos a condenados por delitos contra la probidad / Sebastian Rios
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de reforma constitucional (boletín 16.893) que establece la inhabilidad de acceso y causal de cesación en cargos públicos para quienes hayan sido condenados por delitos contra la probidad. Esta iniciativa busca reforzar los estándares éticos en el ejercicio de funciones públicas y atender la crisis de confianza ciudadana hacia las instituciones.
El proyecto de reforma constitucional será revisado en segundo trámite por el Senado, donde se espera continuar con el debate sobre sus alcances y la incorporación de posibles ajustes.
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Principales disposiciones de la reforma
- Inhabilidad de acceso a cargos públicos: Quienes hayan sido condenados por sentencia firme por delitos contra la probidad, como malversación de caudales públicos, fraude al fisco o cohecho, no podrán postularse ni desempeñarse en cargos públicos, ya sean electivos o de designación.
- Cesación en el cargo: Funcionarios en ejercicio deberán cesar en sus funciones desde el momento en que se certifique la ejecutoria de la sentencia condenatoria.
- Rehabilitación parcial: Excepto en casos de inhabilidad perpetua, los afectados podrán solicitar su rehabilitación al Senado después de 15 años de cumplida su condena.
Debate parlamentario
El proyecto, informado en Sala por la diputada Javiera Morales (FA), recibió un amplio respaldo, con intervenciones de legisladores de diversos sectores políticos, como Camila Flores (RN), Flor Weisse (UDI), Matías Ramírez (PC) y Leonardo Soto (PS).
Los parlamentarios destacaron la urgencia de la medida para abordar la gravedad de los delitos contra la probidad, proteger la función pública y fortalecer la confianza ciudadana. Sin embargo, señalaron la necesidad de asegurar un debate riguroso para garantizar su correcta aplicación.
Indicaciones rechazadas
Entre las propuestas desestimadas se encuentra una indicación que buscaba decretar la pérdida de la ciudadanía para los condenados por malversación, fraude al fisco y cohecho. Esto habría implicado la privación del derecho a voto, pero no alcanzó el quorum necesario para su aprobación.