Comisión de Salud retoma proyecto de ley sobre eutanasia tras tres años de inactividad
La propuesta, analizada por el Senado, busca regular la asistencia médica para casos de enfermedades terminales, con énfasis en salvaguardas legales, protocolos claros y el respeto a la voluntad de los pacientes.
Santiago
Tras tres años de inactividad, la comisión de Salud del Senado comenzó a estudiar el proyecto de ley que regula la eutanasia y los cuidados paliativos. La iniciativa, que permite a pacientes con enfermedades terminales e incurables solicitar asistencia médica para acelerar su muerte de manera voluntaria, se encuentra en su segundo trámite legislativo.
El proyecto fue priorizado por la administración actual, luego de que el Presidente Gabriel Boric anunciara en su cuenta pública de junio que impulsaría su avance con suma urgencia. Este compromiso se concretó el 26 de noviembre con la reactivación de su análisis en la comisión de la Cámara Alta, instancia que contó con la participación de la ministra de Salud, Ximena Aguilera.
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Durante su intervención, Aguilera señaló que la propuesta busca complementar la ley 21.375 de cuidados paliativos, vigente desde 2022, adaptándola a las nuevas necesidades y estimaciones. “Este proyecto resguarda los deberes y derechos de los pacientes que pidan esta asistencia, fija un método para ello y establece la exención de responsabilidad penal”, afirmó.
Un hito en la discusión
La ministra detalló que el procedimiento incluye la evaluación de cada caso por una comisión técnica, la cual analizará el diagnóstico y las condiciones del paciente antes de autorizar la solicitud. “La solicitud se hace al médico tratante manifestando la voluntad de terminar con la vida. Luego, la Comisión evalúa los requisitos de forma y fondo, aplica el protocolo del Minsal y decide autorizar la asistencia solicitada”, explicó.
También se abordó la posibilidad de expresar una voluntad anticipada, mediante un documento firmado ante notario que permita a los pacientes dejar su decisión por escrito. Aguilera aclaró que esta declaración podrá revocarse en cualquier momento.
Los integrantes de la comisión coincidieron en que uno de los puntos más complejos del debate será definir el rol de los prestadores y los criterios de evaluación. “La ponderación de antecedentes será crucial porque no se trata de generar trabas ni de hacer esto algo baladí”, señalaron de forma transversal.
El proyecto marca un hito en la discusión sobre derechos al final de la vida en Chile, combinando garantías legales con un enfoque centrado en la dignidad y autonomía de los pacientes.