Cadem Plaza Pública: Esta es la autoridad de Gobierno peor evaluada tras implicancias en Caso Monsalve
Mientras que las autoridades mejor evaluadas continúan siendo el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, y la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo.
Agencia Uno / Sebastian Beltran Gaete
Durante la última semana de este mes de noviembre, la ministra del Interior, Carolina Tohá, sigue siendo la peor evaluada del gabinete, con un 37% de aprobación, según la encuesta Plaza Pública de Cadem, compartiendo este porcentaje con Nicolás Cataldo y Ximena Aguilera, quien también sufrió una caída de 10 puntos.
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En contraste, los ministros mejor evaluados continúan siendo Jaime Pizarro, con un 71%, y Carolina Arredondo, con un 59%. Además, se destacan los incrementos en la aprobación de Mario Marcel (49%, +2 puntos) y Luis Cordero (49%, +7 puntos).
Mientras que la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, superó nuevamente el 40% después de seis meses, alcanzando un 43% de aprobación. Sin embargo, este resultado es 24 puntos inferior al que tenía en mayo.
En cuanto a la gestión del Presidente Gabriel Boric, un 26% aprobó su desempeño durante la tercera semana de noviembre, lo que representa una baja de 2 puntos respecto al mes anterior, mientras que la desaprobación aumentó a un 67% (+2 puntos).
Evaluación del Caso Monsalve
Respecto al caso Monsalve, el 40% de los encuestados considera que el retraso en la solicitud de renuncia de la exautoridad fue una estrategia para ocultar el caso. Un 32% cree que el Presidente necesitaba más información, mientras que un 16% piensa que la demora respondió a un intento de ganar tiempo hasta después de las elecciones. Solo un 10% opina que el Presidente creyó la versión de Monsalve.
En relación con las medidas judiciales, un 84% de los encuestados considera adecuada la prisión preventiva dictada contra la exautoridad, mientras que un 60% está de acuerdo con que “nadie está por sobre la ley”. Sin embargo, un 62% expresa desconfianza en el funcionamiento de las instituciones.
Por último, un 73% de los encuestados indicó que, cuando una persona es formalizada, su primera impresión es que es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Sin embargo, un 92% considera que la formalización afecta la reputación de la persona involucrada, incluso si posteriormente es declarada inocente. A pesar de esto, un 64% opina que no siempre una persona formalizada debe ser tratada públicamente como inocente, ya que esto depende de las circunstancias del caso.
