Tribunales chilenos aceptan por primera vez querellas de Greenpeace por la muerte de ballenas en áreas protegidas
“No solo se abre el camino para investigar el caso, sino que también se refuerza el cumplimiento de las leyes y políticas ambientales”, dijeron desde la organización ambientalista.
Archivo / FERNANDO CASTILLO
Por primera vez, la Justicia chilena ha declarado admisibles dos querellas penales presentadas por Greenpeace, junto a la comunidad kawésqar, por la muerte de dos ballenas jorobadas en el mes de octubre, ante los juzgados de Letras y Garantía de Puerto Aysén y de Garantía de Punta Arenas.
Revisa también:
El pasado jueves, la organización ambientalista informó que la decisión permitirá al Ministerio Público iniciar oficialmente una investigación.
“Supone un avance importante en el reconocimiento de la ciudadanía en materia de cumplimiento de las leyes, reglamentaciones y políticas ambientales, y su rol en la defensa de los territorios”, señaló el director de Greenpeace en Chile, Matías Asun.
Los cadáveres de las ballenas fueron encontrados el 29 y 30 de octubre en el interior de la Reserva Nacional Kawésqar y en el Parque Nacional Laguna San Rafael, zonas protegidas cercanas a los centros de cultivo de salmones de las empresas Australis Mar y Cooke Aquaculture.
Matías Asun, director de Greenpeace en Chile, destacó que esta decisión judicial implica un avance significativo en el reconocimiento del rol de la ciudadanía en la protección del medio ambiente. “No solo se abre el camino para investigar el caso, sino que también se refuerza el cumplimiento de las leyes y políticas ambientales”, agregó en declaraciones recogidas por CNN Chile.
“Llegó la hora de hacer justicia por nuestra naturaleza”
El fallo representa un hito en la justicia ambiental en Chile, ya que, según Greenpeace, nunca antes los tribunales habían accedido a investigar delitos ambientales en áreas protegidas ni aceptado a una organización ambiental como parte demandante en este tipo de querellas.
Las penas asociadas a este tipo de delitos, que afectan gravemente los ecosistemas de reservas y parques nacionales, podrían incluir reclusión mayor o presidio, con penas que oscilan entre 5 años y 1 día hasta 10 años, además de multas.
“Con esta acción esperamos aportar nuevos antecedentes a la investigación y sentar un precedente en la materia. Hoy tenemos una normativa que pena con cárcel las negligencias e infracciones medioambientales de las industrias; llegó la hora de hacer justicia por nuestra naturaleza y por las comunidades que la habitan. Basta de mirar al costado y basta ya de impunidad”, añadió Asun.