Presupuesto 2025: Diputados aprueban capacitación en violencia de género para ministros y subsecretarios
La medida será obligatoria y se da en medio de la formalización de Manuel Monsalve, acusado de violación.
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La Cámara de Diputados aprobó esta tarde, con 92 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones, una enmienda que redirige fondos del Programa de Prevención de Violencia contra las Mujeres, ejecutado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), hacia la capacitación de altos cargos de gobierno, incluyendo ministros y subsecretarios. La indicación fue propuesta por la diputada Ximena Ossandón (RN) en el contexto de la discusión presupuestaria del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.
El objetivo de la iniciativa es implementar un plan de prevención que aborde abusos de poder y violencia de género en contextos laborales, especialmente en relaciones jerárquicas dentro del gobierno. “Evidentemente esta indicación tiene como antecedente lo ocurrido con Manuel Monsalve, quien abusó de su cargo y poder no solo para ejecutar un grave ataque contra una funcionaria subalterna, sino que además para encubrirlo”, afirmó Ossandón, en referencia al caso del exsubsecretario del Interior.
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La indicación, inicialmente declarada inadmisible por la Comisión Mixta de Presupuestos, fue aprobada en medio de la formalización de Monsalve por presuntos delitos de violación y abuso. La enmienda incorpora un nuevo párrafo en la glosa N°4 del presupuesto, permitiendo al SernamEG destinar recursos para la capacitación en prevención de violencia de género y abuso de poder en altos cargos del Estado.
El texto aprobado establece que el plan de capacitación será diseñado para “prevenir situaciones de violencia o abuso en el contexto de relaciones laborales o de asimetría de poder”. Este enfoque busca responder a la necesidad de una mayor supervisión y formación en temas de respeto y equidad en el ámbito gubernamental.
Con esta medida, se busca fortalecer la prevención de la violencia de género en todas las estructuras del Estado y asegurar que las autoridades gubernamentales reciban herramientas para evitar situaciones que vulneren los derechos de sus subalternos.