Diputados aprueban test de drogas para Boric y su gabinete con respaldo transversal: Gobierno lo ve como inconstitucional
La propuesta establece controles semestrales para detectar consumo de sustancias ilícitas entre las autoridades, mientras el Gobierno plantea una reserva de constitucionalidad que podría llevar el tema al Tribunal Constitucional.
Santiago
La Cámara de Diputados aprobó este lunes una indicación que establece la obligatoriedad de exámenes de drogas para el Presidente de la República y su gabinete, lo que ha generado un intenso debate político y jurídico en el Congreso.
La propuesta establece que “el Presidente de la República, sus ministros de Estado y subsecretarios deberán someterse semestralmente a un control de consumo de sustancias estupefacientes o psicoactivas ilegales”.
Revisa también:
Pese a que inicialmente fue declarada inadmisible por la mesa directiva de la Cámara Baja, la Sala revirtió la decisión y aprobó la moción con 81 votos a favor, incluyendo el respaldo de parlamentarios del oficialismo y de la oposición.
Entre quienes apoyaron la medida se encuentran la presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC), así como los diputados Vlado Mirosevic (PL), Camila Musante (Ind.-PPD), Leonardo Soto (PS), Daniela Astudillo (PS) y el líder de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga.
Reacciónes desde el Gobierno
Uno de los principales impulsores de esta indicación, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI), defendió la medida destacando la necesidad de igualdad entre las autoridades: “Así como los diputados ya realizamos estos exámenes desde hace algún tiempo, no vemos razón para que el Presidente de la República, junto a sus ministros y subsecretarios, no deban también hacerlo”, consigna Emol.
Sin embargo, el Ejecutivo reaccionó con rapidez ante la aprobación de la propuesta. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó una reserva de constitucionalidad, lo que sugiere que el Gobierno considera que esta medida podría contravenir la Constitución.
Esta reserva abre la posibilidad de que se recurra al Tribunal Constitucional para evaluar la legalidad de la indicación, argumentando que podría interferir en la autonomía del Poder Ejecutivo. Por ahora, queda pendiente conocer si esta indicación podrá implementarse o si enfrentará obstáculos legales en su aplicación.