Tras diez años, juicio oral contra Penta se fija para enero de 2025 con 140 testigos
El proceso judicial había estado suspendido luego de que el Tribunal Constitucional (TC) admitiera a trámite un requerimiento de inaplicabilidad presentado por las empresas.
Diez años después de estallar el escándalo por el financiamiento ilegal de la política conocido como caso Penta, una de las aristas de la causa entra en su fase final. El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago programó el inicio del juicio oral para el 7 de enero de 2025 a las 9:00 de la mañana, en contra de Empresas Penta S.A., Inversiones Penta III Ltda. y el excontador de estas, Marcos Castro Sanguinetti.
Este juicio, que se llevará a cabo en el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, reunirá a 140 testigos y 12 peritos. Entre los citados se encuentran figuras relevantes, como los socios del holding, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, el senador Iván Moreira, el exalcalde Pablo Zalaquett y el exministro José Ramón Valente. Empresarios como Federico Valdés Lafontaine, Alfredo Alcaino De Esteve y Eduardo Chadwick también forman parte del listado de testigos.
El proceso judicial había estado suspendido luego de que el Tribunal Constitucional (TC) admitiera a trámite un requerimiento de inaplicabilidad presentado por las empresas. Sin embargo, la causa se reanudó tras el rechazo de dicho recurso por el TC, lo que permitió que el juicio pudiera seguir su curso, consigna La Tercera.
La citación del senador Iván Moreira se realizará según las normas especiales de los artículos 300 y 301 del Código Procesal Penal, debido a su calidad de legislador. De este modo, se asegura la comparecencia de los implicados en una de las etapas más críticas de la extensa investigación sobre los vínculos entre financiamiento empresarial y política en Chile.
Con esta reanudación, el caso Penta se acerca a un desenlace judicial que ha implicado a destacadas personalidades políticas y empresariales del país. El fallo esperado será determinante para sentar un precedente sobre la responsabilidad penal de las empresas en el financiamiento irregular de la política.
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