CUT y ANEF rechazan dictamen de Contraloría sobre despidos arbitrarios en el sector público
El reciente dictamen de la Contraloría sobre la confianza legítima de los funcionarios públicos ha generado una fuerte oposición de los sindicatos.
27 de Mayo del 2021/ SANTIAGO Fachada Contraloria General de la República FOTO: DIEGO MARTIN /AGENCIAUNO
Santiago
El reciente dictamen emitido por la Contraloría General de la República, dirigido por Dorothy Pérez, ha generado un fuerte rechazo en las organizaciones sindicales Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), quienes lo consideran una amenaza a la estabilidad laboral de los funcionarios públicos.
A través de sus cuentas en la red social X, ambas entidades expresaron su preocupación por la interpretación dada por la Contraloría sobre la “confianza legítima”, un principio clave en el ámbito administrativo que protege a los trabajadores del Estado de despidos arbitrarios tras cierto tiempo de vinculación laboral.
Revisa también:
En este sentido, la CUT señaló: “Vemos con preocupación el reciente dictamen, emitido de manera unilateral, por la Contralora Dorothy Pérez, vulnerando el derecho administrativo de confianza legítima y abriendo la puerta a despidos arbitrarios en el Estado”.
De igual manera, la ANEF criticó la decisión y advirtió que podría poner en peligro la estabilidad del empleo público, ya que, según el presidente del gremio, José Pérez, “termina con la jurisprudencia administrativa sobre la confianza legítima, precarizando aún más la estabilidad del empleo en el Estado”.
El dictamen de la Contraloría
El dictamen de la Contraloría establece que, en caso de controversia sobre la existencia de la confianza legítima, esta debe ser resuelta en los tribunales de justicia.
La entidad enfatiza que el simple hecho de que un tema sea debatido judicialmente no constituye un fundamento suficiente para considerarlo resuelto, destacando que “la decisión sobre el plazo para generar la confianza legítima de los funcionarios es de competencia de los tribunales de justicia”.
Mientras la Contraloría insiste en que la resolución de estas controversias debe quedar en manos de los tribunales, la CUT y la ANEF consideran que este dictamen podría dar pie a una precarización de las condiciones laborales del Estado.