La investigación sobre el Caso Penta continúa generando controversias, especialmente tras la reciente revelación de correos electrónicos que evidenciarían que el exfiscal Manuel Guerra eliminó el cargo de cohecho contra los controladores de Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, pese a la recomendación de la Fiscalía Nacional de mantener el cargo.
Esta decisión tuvo un impacto significativo en el curso del caso, incluyendo la salida del Consejo de Defensa del Estado (CDE) como querellante.
Según información de 24 Horas, en mayo de 2018, la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional aconsejó a Guerra mantener los cargos de cohecho. Sin embargo, este optó por modificar la acusación, reemplazando el delito de cohecho por “enriquecimiento ilícito”, lo que implicó la retirada del CDE del proceso judicial.
Los correos electrónicos obtenidos revelan que la Fiscalía Nacional envió una respuesta detallada al exfiscal, sugiriendo no alterar la tipificación delictual para evitar que el caso perdiera fuerza. En uno de los mensajes, se resalta que la Fiscalía Anticorrupción recomendaba dejar los cargos iniciales “para que sean los tribunales quienes resuelvan sobre su validez”.
Modificaciones Clave en la Acusación
La modificación de cargos incluyó cambios en elementos clave de la narrativa acusatoria, como reemplazar expresiones de “soborno” por “aporte económico” y eliminar referencias específicas sobre los supuestos beneficios que los acusados habrían recibido. Estos cambios habrían disminuido la gravedad del caso y habrían favorecido a los imputados.
La eliminación de estos elementos también limitó el alcance de la investigación, dificultando el trabajo de los querellantes y minimizando las implicancias de los hechos investigados.
La situación del exfiscal Guerra ha vuelto a captar atención en el contexto del llamado Caso Audios, en el cual el abogado Luis Hermosilla, imputado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos, aparece en conversaciones comprometedoras con el expersecutor.
En estos mensajes, se evidencia que penalista habría intervenido en las decisiones tomadas por Guerra respecto al Caso Penta, poniendo en duda la imparcialidad del proceso.
La querella presentada recientemente por el abogado Mauricio Daza y la exdirectora del CDE, María Inés Horvitz, acusa al exfiscal de haber actuado en beneficio de los imputados y haber mantenido comunicaciones irregulares con Hermosilla. Según el documento, los querellantes sugieren que estas decisiones obedecían a acuerdos informales que buscaban favorecer a los involucrados.
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